La carrera hacia la presidencia de Brasil ha entrado en una fase de máxima tensión legal y digital. A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva han trasladado su disputa al Tribunal Superior Electoral (TSE), presentándose denuncias cruzadas que buscan la anulación de las candidaturas rivales. Este enfrentamiento ocurre tras una primera ronda donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45%.
El conflicto judicial se intensificó este martes, cuando Flávio Bolsonaro presentó un recurso ante el TSE solicitando la anulación de la candidatura del mandatario Lula da Silva. El senador derechista acusa al presidente de presunto abuso de poder y propaganda indebida. Según el documento consultado por la agencia AFP, la denuncia se centra en la difusión masiva de acciones gubernamentales durante el periodo electoral a través de una cuenta oficial de WhatsApp, plataforma propiedad de la empresa estadounidense Meta.
En respuesta, el equipo de campaña de Lula da Silva prepara una contraofensiva legal. Según confirmó una fuente de la campaña oficialista a la AFP, el mandatario solicitará la revocación de la candidatura de Flávio Bolsonaro basándose en una supuesta manipulación algorítmica de las plataformas de Meta. Aunque la presentación estaba prevista inicialmente para el martes, el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña presidencial, informó que el trámite fue postergado para este miércoles.
La batalla por el control y la neutralidad de las redes sociales se ha convertido en el eje central del balotaje. El oficialismo denuncia un trato desigual en la distribución de contenidos políticos, sosteniendo que las herramientas de Meta perjudican la visibilidad del presidente, quien tiene casi 81 años y busca un cuarto mandato no consecutivo, frente a su rival de 45 años. Por su parte, Meta ha negado estas acusaciones, aunque admitió la existencia de fallos técnicos en sus sistemas, incluyendo la desactivación de anuncios favorables a Lula, asegurando que estos problemas no fueron exclusivos del contexto brasileño.
Ante la gravedad de las denuncias, el Tribunal Superior Electoral intervino convocando a una reunión este martes entre representantes de Meta y abogados de ambas campañas. El encuentro fue encabezado por el juez Marco Aurélio Bellizze, quien enfatizó que el objetivo de la intervención judicial es resguardar la transparencia y la igualdad entre los candidatos. Meta aseguró durante la sesión haber cumplido con las órdenes del tribunal para garantizar la equidad en la distribución de anuncios y contenidos.
La presión judicial sobre la empresa tecnológica es considerable. El lunes, la autoridad electoral otorgó a Meta un plazo de 24 horas para demostrar la implementación de las medidas exigidas, tras considerar que la compañía no había acatado disposiciones establecidas la semana anterior. De no cumplir con estas exigencias, la empresa se enfrenta a una multa diaria de aproximadamente 200.000 dólares.
Entre los puntos específicos de la denuncia de Lula figuran la restricción del alcance de sus publicaciones en Instagram y WhatsApp, así como irregularidades en las respuestas de la inteligencia artificial de Meta. La campaña oficialista afirma que la herramienta de IA se negaba a generar contenido favorable al presidente, mientras que no presentaba las mismas limitaciones cuando se solicitaba contenido relacionado con Flávio Bolsonaro. Como medida correctiva, Meta informó que solo los partidos y candidatos registrados ante la Justicia electoral podrán publicar anuncios en sus redes.
La controversia ha escalado incluso hasta el consejo asesor de contenido de Meta, un organismo independiente con sede en Londres. Este consejo confirmó haber detectado "fallos recurrentes" en los contenidos vinculados a las elecciones brasileñas. Paralelamente, la campaña de Flávio Bolsonaro denunció que Lula habría impulsado una "ofensiva de propaganda negativa" con el consentimiento de Meta.
Más allá de la arena digital, la disputa se ha trasladado al terreno financiero y personal. El presidente Lula autorizó la divulgación de sus extractos bancarios y telefónicos, así como los de su familia, bajo la condición de que Flávio Bolsonaro haga lo mismo. Esta propuesta surge en medio de una investigación policial por posible corrupción contra el senador derechista, relacionada con la solicitud de una suma millonaria a un banquero detenido por fraude para financiar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso por golpismo.
Flávio Bolsonaro respondió a este desafío haciendo referencia a "Lulinha", hijo del mandatario, quien es investigado por presunto tráfico de influencias, y aseguró que sus cuentas están debidamente declaradas ante el fisco.
Mientras se resuelven estas disputas judiciales, Lula ha intensificado sus actividades políticas para revertir el resultado de la primera vuelta. Se han registrado movilizaciones masivas en diversas ciudades con consignas a favor de la democracia y contra el retorno del bolsonarismo. Asimismo, el Gobierno adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia, que beneficia a casi 50 millones de personas, y logró la aprobación de una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso para los trabajadores. La segunda vuelta del domingo definirá quién asumirá la presidencia entre el líder del Partido de los Trabajadores y el senador hijo del anterior mandatario.
