Un reciente y exhaustivo informe conjunto ha revelado que las elecciones generales de Perú estuvieron marcadas por una desinformación generalizada y un total de 139 ataques sistemáticos dirigidos contra candidatos, instituciones y periodistas. El documento advierte que la calidad democrática del país andino se encuentra en un punto crítico, subrayando que la estabilidad de los futuros procesos electorales depende estrictamente de evitar que estas prácticas de hostigamiento y manipulación se normalicen en los comicios venideros.
El estudio detallado fue desarrollado mediante un esfuerzo coordinado entre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la Misión Técnica de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Perú. Ambas instituciones llevaron a cabo un análisis riguroso de los hechos acontecidos entre los meses de enero y mayo, periodo que envolvió el proceso electoral celebrado el pasado 12 de abril. La investigación permitió documentar el impacto de la violencia electoral tanto en el terreno físico como en el entorno virtual.
Como resultado de este monitoreo, se lograron documentar los 139 incidentes, los cuales se distribuyeron geográficamente en 18 regiones del país, además de tener una presencia masiva en el espacio digital. El desglose de estas agresiones muestra una preocupante variedad de tácticas: se registraron 43 casos de intimidación o acoso, 35 incidentes de desprestigio y estigmatización, y 30 casos relacionados con el discurso de odio. Asimismo, el informe detalla 21 situaciones de criminalización o judicialización, 18 agresiones físicas directas, 17 amenazas y 14 hechos caracterizados por la discriminación y el racismo.
La violencia no se detuvo allí, ya que se contabilizaron también 14 casos de acoso político, 9 amenazas de muerte explícitas y 8 incidentes de censura o bloqueo informativo. El documento enfatiza un cambio de paradigma en la violencia electoral contemporánea, señalando que esta ya no se limita exclusivamente a los enfrentamientos físicos tradicionales. Actualmente, se observa una combinación peligrosa de hostigamiento digital, estigmatización, filtración de datos privados y una presión constante sobre funcionarios públicos y periodistas, todo ello con el objetivo deliberado de erosionar la competencia democrática libre.
En el marco de estos hallazgos, Tania Pariona, secretaria general de la Cnddhh, denunció la gravedad de los ataques sufridos por Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú, quien fue blanco de comentarios discriminatorios debido a su identidad andina. Por otro lado, el informe pone énfasis en que figuras de alta relevancia también fueron vulneradas; el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el candidato presidencial Rafael López Aliaga, padecieron amenazas de muerte, acoso en sus domicilios y la exposición pública de sus datos personales.
Uno de los puntos más críticos señalados en la investigación es la detección del uso masivo de granjas de bots y la propagación de bulos en las redes sociales. Según el informe, estas herramientas fueron empleadas para manipular la intención de voto de la ciudadanía. Tania Pariona calificó este fenómeno como una posible red coordinada de alteración de la opinión pública, una situación que, a su juicio, requiere la apertura inmediata de investigaciones tanto en el ámbito parlamentario como en el judicial para determinar responsabilidades.
Paralelamente a este clima de tensión electoral, el reporte coincide con un contexto político complejo en el que el Gobierno de Keiko Fujimori decretó el estado de emergencia por un periodo de 60 días en Lima y Callao. Esta medida gubernamental ha implicado el despliegue de patrullajes militares y la suspensión de derechos fundamentales, tales como la inviolabilidad del domicilio, el libre tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal.
El informe concluye que la protección de la integridad electoral es una prioridad urgente. Para ello, es imperativo garantizar que la ciudadanía pueda formar su voluntad política de manera autónoma, libre de cualquier forma de coacción, discriminación o intimidación. Finalmente, las instituciones firmantes hacen un llamado urgente a las autoridades peruanas para implementar medidas que impidan que estas tácticas de violencia y manipulación se repliquen en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026, así como en cualquier futuro proceso electoral.
