La senadora Patricia Bullrich, quien se desempeña como jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, volvió a manifestar públicamente sus diferencias con la gestión del Poder Ejecutivo liderada por el presidente Javier Milei. En declaraciones recientes, la legisladora calificó como “apresurado” el intento del Gobierno nacional de trasladar al Congreso las negociaciones vinculadas a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que originalmente incluía un capítulo específico referido a la Ley de Tierras.
El planteo de Bullrich tuvo lugar durante un acto conmemorativo por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Frente a los medios de comunicación acreditados en el evento, la senadora profundizó en sus críticas hacia la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sugiriendo que hubo un error de cálculo en los tiempos procesales y judiciales.
Según explicó la legisladora, el Poder Ejecutivo debería haber aguardado a que la Justicia emitiera un pronunciamiento definitivo antes de impulsar la ley en el Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, señaló Bullrich, reconociendo que la estrategia implementada no fue la más adecuada.
La senadora enfatizó que actuar sin la resolución judicial previa podría resultar contraproducente para la coherencia del Gobierno. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, sinceró la jefa del bloque libertario, poniendo de relieve la tensión entre la urgencia política y los tiempos del sistema judicial.
Este análisis de Bullrich surge en un contexto jurídico complejo. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la cual había sido dispuesta a través del DNU 70/2023. El máximo tribunal del país revocó una decisión judicial previa que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 de dicho decreto. No obstante, es fundamental señalar que la Corte Suprema fundamentó su decisión en la falta de legitimación de la entidad que había promovido la demanda, evitando pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo de la norma.
El artículo 154 del DNU 70/2023 es la pieza central de esta disputa, ya que mediante dicha disposición el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales, la cual imponía restricciones a la extranjerización de las tierras en el territorio argentino. Al quedar vigente la derogación, se eliminan esas restricciones, aunque el proceso legislativo paralelo haya sido accidentado.
Bullrich advirtió que el reconocimiento de este error estratégico podría tener consecuencias en el Congreso. La senadora recordó que el capítulo referido a las tierras terminó siendo retirado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes de que el Senado le otorgara la media sanción en agosto. En este sentido, alertó que, dado que el fallo de la Corte llegó después de que la ley de tierras no pudiera ser votada, existe la posibilidad de que la oposición intente voltear el DNU.
Este episodio no es un hecho aislado en la relación entre la senadora y el Ejecutivo. La posición de Bullrich se suma a otros cuestionamientos que ha expresado previamente respecto a decisiones del oficialismo. Entre los puntos de fricción se encuentran sus críticas a los recortes en el área de Discapacidad contemplados en el Presupuesto, así como su rechazo a impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis. Dichas magistradas habían intentado frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, el cual redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Con estas declaraciones, la jefa senatorial de La Libertad Avanza vuelve a marcar una distancia táctica con la estrategia del Gobierno, centrando su crítica en la gestión de los tiempos legislativos y la relación con los procesos judiciales pendientes.
