El panorama financiero de las empresas públicas en Bolivia revela una situación crítica que invita a una reflexión profunda sobre la gestión de los recursos del Estado. Según un análisis económico realizado por Pablo Mendieta, el país enfrenta el desafío de gestionar inversiones que, en muchos casos, se han convertido en lo que la economía denomina "costos hundidos". Este concepto sugiere que el dinero ya gastado no debería dictar las decisiones futuras; insistir en una inversión fallida solo porque ya se ha destinado una suma considerable de capital puede transformar un error del pasado en un problema permanente.
Durante las últimas dos décadas, el Estado boliviano impulsó la creación y el financiamiento de empresas en una amplia gama de sectores estratégicos y productivos. Entre estas actividades destacan la producción de azúcar, cemento, vidrio, alimentos, hidrocarburos y siderurgia. Si bien algunas de estas entidades han logrado producir y vender sus productos, otras aún se encuentran en una búsqueda constante de una escala sostenible, mientras que varias han acumulado graves problemas financieros que ponen en duda su viabilidad a largo plazo.
La magnitud del problema financiero es evidente al revisar las cifras. Las pérdidas acumuladas reportadas por las empresas públicas se sitúan en torno a los Bs12.700 millones. Sin embargo, este monto podría ser significativamente mayor si se considera el costo económico del capital inmovilizado, el financiamiento y los recursos que dejaron de utilizarse en otras actividades productivas. Bajo este análisis más amplio, el costo total se estima en un rango entre los Bs15.000 y los Bs20.000 millones.
Para dimensionar el impacto de estas cifras en la población, este monto equivale aproximadamente a una pérdida de entre Bs1.300 y Bs1.800 por cada ciudadano boliviano. Asimismo, la cifra es comparable con la inversión pública total ejecutada por el país durante un año entero. Aunque este dinero no sea recuperable de manera inmediata, el dato sirve para comprender la escala del impacto económico que han tenido estas gestiones.
El análisis de la trayectoria de estas empresas revela un patrón recurrente y problemático en su planificación. En diversos casos, se optó por construir la planta industrial primero y, posteriormente, intentar resolver cuestiones fundamentales como el mercado objetivo, la disponibilidad de materia prima, la utilización de la capacidad instalada o el esquema de pago de la deuda. Este enfoque es opuesto a la lógica de una inversión normal, donde primero se debe identificar quién comprará el producto, qué insumos estarán disponibles y cuánto se debe producir para cubrir los costos antes de decidir el tamaño de la infraestructura.
El ingenio azucarero San Buenaventura es un ejemplo representativo de esta falla. Más allá de las pérdidas monetarias, se estima que para el año 2025 la planta necesitaría entre un 25% y un 34% más de caña de la que efectivamente procesó para poder acercarse a su punto de equilibrio. El resultado es una planta de gran tamaño que, al contar con poca materia prima, termina distribuyendo sus costos fijos entre un volumen muy reducido de toneladas.
Otros sectores muestran riesgos distintos pero igualmente preocupantes. En la industria del cemento, se observa el riesgo de haber ampliado la capacidad instalada antes de consolidar plenamente la capacidad ya existente. Por otro lado, la planta de vidrio demuestra que, aunque exista producción y mercado, la empresa puede sufrir financieramente si la deuda debe pagarse antes de que la planta alcance una utilización suficiente. En el caso de las empresas de alimentos y derivadas industriales de gas, se evidencia que incluso dentro de una misma organización pueden coexistir proyectos viables, proyectos dudosos y proyectos fallidos.
Ante este escenario, la solución no radica en medidas extremas como el cierre total de todas las empresas ni en el financiamiento indefinido de las mismas. La propuesta técnica sugiere que, para cada empresa, el Estado debe responder a cuatro preguntas fundamentales: ¿puede cubrir sus costos?, ¿cuánto dinero adicional requiere?, ¿cuál es el valor real de sus activos? y ¿existe un beneficio público que justifique su permanencia?
Dependiendo de las respuestas, podrían aplicarse diversas soluciones: la reestructuración de la deuda, la reducción de la escala de operación, la incorporación de un operador privado, la creación de asociaciones, el arrendamiento de activos, la venta de participaciones o, en los casos donde no exista una viabilidad razonable, el cierre ordenado de la entidad.
Finalmente, el análisis enfatiza la necesidad de cambiar la metodología de inversión pública hacia el futuro. Antes de emprender la construcción de nuevas empresas estatales, se debería exigir un rigor similar al de cualquier inversión privada: estudios claros sobre el mercado, proyecciones de ventas, plazos de recuperación de la inversión y planes de contingencia ante posibles fallos. El objetivo central debe ser recuperar el valor de los activos existentes y dejar de inyectar capital en proyectos sin viabilidad, alejando la gestión de motivos ideológicos y priorizando la transparencia y la obtención de resultados anuales.
