El sistema judicial de los Estados Unidos vuelve a centrar su atención en la política comercial del presidente Donald Trump. Este miércoles, un panel compuesto por tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. llevará a cabo una sesión para escuchar los argumentos legales en torno a un caso que podría definir el alcance del poder ejecutivo en materia de importaciones. El punto central del litigio es determinar si el mandatario posee la facultad legal de emplear una normativa comercial originada en la década de 1970 para imponer aranceles a la gran mayoría de los productos que ingresan al territorio estadounidense.
Desde finales de julio, la administración ha implementado tasas arancelarias que oscilan entre el 10 % y el 12,5 %, afectando a mercancías procedentes de 80 países distintos. Entre las naciones impactadas por estas medidas se encuentran economías de gran peso global como China, India y Japón. La justificación gubernamental para la aplicación de estos gravámenes se basa en una determinación oficial según la cual dichos países presuntamente no habrían tomado las medidas necesarias para abordar el uso de trabajo forzoso en la producción de los bienes destinados al mercado estadounidense.
La implementación de estas tasas no fue una decisión aislada, sino que contó con la recomendación del Representante Comercial de Estados Unidos. Este organismo sugirió la aplicación de los aranceles como una medida correctiva necesaria. Además, se estableció un sistema de gradación en el que se aplicaron tasas más elevadas a aquellos países que fueron calificados por la administración como los “peores infractores” en materia de trabajo forzoso.
Este nuevo escenario judicial ocurre después de que el Gobierno enfrentara un revés significativo con una medida anterior. A principios de año, Trump había impuesto un gravamen general del 10 % fundamentado en una base legal diferente. Sin embargo, dicha medida fue impugnada y llegó hasta la Corte Suprema, instancia que dictaminó que el presidente se había excedido en sus facultades legales. Esta sentencia invalidó los aranceles de manera inmediata, obligando al Estado a realizar reembolsos por un valor total de US$ 168.000 millones a los importadores afectados.
La demanda actual ha sido interpuesta por el Liberty Justice Center, un bufete de abogados de interés público con una tendencia libertaria. Esta organización ya cuenta con un precedente de éxito, habiendo ganado el histórico caso sobre aranceles ante la Corte Suprema. En el presente litigio, el Liberty Justice Center sostiene que la administración Trump está intentando utilizar la ley comercial conocida como Sección 301 de manera indebida. Según los demandantes, el objetivo real del Gobierno es mantener una política de aranceles globales predeterminada, lo cual constituiría un uso inapropiado de la legislación.
Por su parte, los funcionarios de la administración han intentado justificar el calendario de estas medidas. En comunicaciones previas con la prensa, explicaron que el momento en que se implementaron los nuevos aranceles respondió a la intención de “evitar la complejidad” administrativa que habría surgido al superponer los nuevos gravámenes con los aranceles del 10 % que aún estaban vigentes en aquel entonces.
La postura del Gobierno es clara respecto a la gestión del comercio exterior. Durante una conferencia telefónica con periodistas, realizada poco antes de que los aranceles de entre el 10 % y el 15 % entraran en vigor, los funcionarios gubernamentales enfatizaron que el mensaje principal es que el presidente utilizará siempre todas las herramientas que tenga a su alcance para lograr sus objetivos de política comercial.
Aunque las audiencias de este miércoles proporcionarán indicios sobre el criterio que podrían adoptar los jueces, la resolución final no es inmediata. Se prevé que la emisión de un fallo podría demorarse varias semanas o incluso extenderse por meses. El proceso legal no termina necesariamente con la decisión del Tribunal de Comercio Internacional, ya que cualquiera de las partes involucradas tiene el derecho de apelar el veredicto ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito Federal. En dicha instancia, se podría decidir si es necesario suspender la aplicación de los aranceles mientras el litigio continúe su curso.
Existe la posibilidad real de que la disputa legal escale nuevamente hasta la Corte Suprema, lo que prolongaría la batalla jurídica durante varios meses adicionales. Mientras tanto, el panorama comercial sigue siendo volátil y el presidente ha tomado otras medidas drásticas, especialmente contra Canadá. Recurriendo a una ley comercial que data de la época de la Gran Depresión, el mandatario impuso aranceles del 50 % a productos canadienses con un valor estimado de US$ 20.000 millones y decretó prohibiciones generalizadas a las importaciones procedentes de dicho país, incluyendo la prohibición de bebidas alcohólicas.
Para cuando el proceso judicial concluya, es posible que Trump ya haya establecido nuevos gravámenes. Actualmente, existen varias investigaciones pendientes bajo la Sección 301 que, según se prevé, derivarán en la aplicación de impuestos fronterizos más elevados.
