El presidente de la República, Bernardo Arévalo, ha anunciado una serie de cambios estratégicos en las principales instituciones financieras y fiscales del país. La medida más destacada es el nombramiento de Débora Alvarado como la nueva ministra de Finanzas Públicas, quien asume la cartera en sustitución de Jonathan Menkos.
Alvarado, quien previamente se desempeñaba como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas, ya formaba parte del equipo de trabajo de Menkos durante la actual administración. Según explicó el mandatario, esta designación tiene como objetivo fundamental mantener la continuidad en la conducción de la política económica y financiera del Ejecutivo. Arévalo resaltó que Alvarado ha demostrado su capacidad técnica durante los casi tres años de gestión y posee un conocimiento profundo de la línea de trabajo desarrollada en dicha cartera.
El movimiento en el Ministerio de Finanzas es la consecuencia directa de la decisión del presidente de nombrar a Jonathan Menkos como el nuevo presidente del Banco de Guatemala. El mandatario subrayó la trayectoria profesional de Menkos, señalando que inició parte de su carrera en dicha institución y posteriormente dirigió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), antes de asumir el cargo de ministro. Arévalo manifestó su expectativa de que Menkos traslade toda esa experiencia al Banco de Guatemala, haciendo énfasis en que la autonomía e independencia de la entidad son elementos esenciales para el correcto desarrollo de sus funciones técnicas.
En relación con la estructura del Banco de Guatemala, el presidente confirmó la continuidad de José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente, cargo que ya venía desempeñando. Arévalo vinculó la permanencia de Blanco Valdés con los criterios de profesionalismo y meritocracia que, según afirmó, deben preservarse dentro de la institución bancaria.
Los cambios se extienden también a la Superintendencia de Bancos. El presidente designó a Juan Carlos Catalán Herrera como el nuevo superintendente, luego de que este formara parte de la terna remitida por la Junta Monetaria. De acuerdo con el mandatario, la selección de Catalán Herrera se basó en su formación y experiencia profesional para conducir la institución.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) asumen el cargo en un momento complejo, enfrentando retos significativos en materia de política fiscal, especialmente considerando que el 2027 será un año electoral. Uno de los desafíos más urgentes es la readecuación presupuestaria necesaria debido a la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicados a los combustibles, medida que entrará en vigor próximamente.
Asimismo, se deberá llevar a cabo una revisión de las metas de recaudación tributaria para el cierre del ejercicio fiscal actual, un proceso que requiere la coordinación con el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A esto se suma que en enero de 2027 está prevista la evaluación del superintendente Werner Ovalle. En términos de cifras, la SAT tiene programada una recaudación de Q119 mil 818 millones para el 2026 y de Q131 mil 635 millones para el 2027, montos acordados en mayo pasado por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP). No obstante, estas metas deberán ser revisadas debido al impacto financiero que generará la exención tributaria sobre los ingresos fiscales.
Otra tarea pendiente para la nueva gestión es el nombramiento de quien ocupará el Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, tras la renuncia de Patricia Carolina Joachín Godínez, quien también fungía como presidenta suplente del Directorio de la SAT. Por otro lado, el presidente confirmó la permanencia de Walter Orlando Figueroa Chávez como viceministro de Administración Financiera, encargado de la gestión presupuestaria, y de Carlos Augusto Melgar Peña como viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.
En el ámbito legislativo, las nuevas autoridades deberán dar seguimiento a la discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q192 mil millones para el ejercicio fiscal 2027, el cual se encuentra actualmente en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República. El proceso es crítico debido a la proximidad del año electoral. Además, deberán agilizar la ejecución del presupuesto vigente, priorizando la inversión en infraestructura y evaluando medidas de gasto público para mitigar el alza de precios de combustibles y los efectos del fenómeno de El Niño.
Finalmente, el Ministerio de Finanzas Públicas, que preside la mesa de riesgo país, deberá monitorear las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo internacionales. Entre los proyectos pendientes destaca el seguimiento a la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, primer proyecto bajo el esquema de alianza público-privada, cuya entrega está prevista para noviembre, así como la designación del nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Por último, se deberán continuar los preparativos para la 67 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), programada del 10 al 14 de marzo de 2027.
