La oposición política busca forzar a la Cámara de Diputados a tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Esta movida se produce luego de que el Senado rechazara la medida, aunque, debido al mecanismo legal establecido para este tipo de decretos, el DNU continúa vigente hasta que ambas cámaras legislativas coincidan en su rechazo.
En este contexto, senadores pertenecientes al peronismo han comenzado a impulsar una alternativa específica para derogar el artículo 154 del DNU 70, el cual está vinculado con la posibilidad de que extranjeros adquieran tierras en el país. De manera simultánea, plantean la restitución de la Ley de Tierras. Esta estrategia tiene como objetivo principal ejercer presión sobre la Cámara de Diputados para que avance con el tratamiento integral del decreto.
El debate ha generado una controversia jurídica. Algunos constitucionalistas sostienen que el DNU puede ser rechazado de manera parcial. Sin embargo, desde La Libertad Avanza han cuestionado esta interpretación. Por el contrario, los sectores del peronismo afirman que existen antecedentes que avalan la posibilidad de un rechazo parcial y buscan avanzar por esa vía sobre aquellos puntos del decreto que consideran prioritarios.
Mientras se desarrolla esta disputa legislativa, la Corte Suprema de Justicia todavía tiene pendiente resolver la cuestión de la constitucionalidad del DNU 70/2023. Por lo tanto, el debate en el Congreso convive con un proceso judicial que aún no ha llegado a una resolución definitiva.
Desde la Cámara de Diputados, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, anticipó durante un plenario que la oposición solicitará una sesión especial con el fin de discutir y rechazar el DNU 70. No obstante, el camino no es sencillo, ya que todavía no están asegurados los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum requerido para sesionar.
Para lograr este objetivo, la oposición necesita sumar el apoyo de sectores dialoguistas y aliados del oficialismo. El inconveniente radica en que existen posiciones divergentes sobre la conveniencia de abrir el debate sobre la totalidad del decreto. Algunos legisladores opositores que suelen acompañar ciertas iniciativas gubernamentales temen que un tratamiento general ponga en riesgo modificaciones del decreto que consideran favorables, específicamente aquellas relacionadas con la Ley de Alquileres.
Por su parte, Juan Grabois aseguró que, según sus propios cálculos, aún faltarían 16 votos para alcanzar el rechazo del DNU 70 en la Cámara de Diputados. Esta cifra, sin embargo, permanece sujeta a las definiciones finales de los bloques que aún no han manifestado su posición oficial.
En paralelo a esta discusión, Diputados podría avanzar sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual ya cuenta con media sanción del Senado. Los impulsores de esta iniciativa buscan marcar una posición clara ante el Poder Judicial sobre la protección de la propiedad privada, aunque es importante señalar que quedarían fuera de este proyecto los capítulos referidos al manejo del fuego y la extranjerización de tierras.
La jornada legislativa también estuvo marcada por fuertes tensiones derivadas del debate sobre Malvinas. Durante el plenario, la oposición cuestionó a los representantes de La Libertad Avanza, señalando una contradicción entre su discurso de defensa de la soberanía y el respaldo al fallo de la Corte Suprema que permite la adquisición de tierras por parte de extranjeros sin los límites de la legislación anterior.
Esta tensión alcanzó un punto crítico cuando el diputado Jairo Guzmán cuestionó la intervención de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. El incidente derivó en un enfrentamiento con Juan Grabois, quien se levantó de su lugar para dirigirse a Guzmán, produciéndose gritos e insultos entre los dirigentes y legisladores presentes.
En medio de este clima, surgió una propuesta de Miguel Ángel Pichetto a través de la red social X. El legislador planteó que La Libertad Avanza incorpore la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023 y la restitución de la Ley de Tierras dentro de su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía.
Esta propuesta es analizada actualmente por el oficialismo como una posible alternativa para desactivar una ofensiva contra la totalidad del decreto. Dicha estrategia permitiría discutir únicamente los artículos cuestionados sin arriesgar el resto del DNU, aunque su implementación final dependerá de las negociaciones parlamentarias y de la capacidad de cada espacio para reunir los números necesarios en la Cámara de Diputados.
