La 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido el escenario de una fuerte confrontación diplomática y política entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades cubanas. Durante su intervención, el presidente estadounidense, Donald Trump, empleó un lenguaje caracterizado por la prepotencia y amenazas sobre el uso de la fuerza, generando una reacción inmediata de rechazo por parte de la delegación de Cuba y el pueblo cubano.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando el mandatario estadounidense admitió abiertamente su postura agresiva al afirmar: “No creo que se pueda ejercer más presión, a menos que entremos y destruyamos ese lugar”. Estas declaraciones fueron percibidas por el gobierno cubano como un despliegue de mentiras y una manifestación de una política fallida contra el Estado soberano de la isla.
La respuesta de la delegación cubana fue contundente y visible. Miembros de la representación de la nación caribeña abandonaron la sala de la Asamblea General mientras el presidente Trump pronunciaba su discurso. Posteriormente, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, utilizó la red social X para responder a las afirmaciones del mandatario estadounidense, señalando que Trump es incapaz de justificar la guerra económica genocida contra Cuba y que recurre a la mentira al presentar a la isla como una amenaza, negando así el derecho a la libre determinación del pueblo cubano.
En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien presidió la delegación cubana, insistió a través de la red social X que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para ningún otro país. Rodríguez Parrilla denunció que el verdadero riesgo es el bloqueo económico y el cerco energético impuesto por Washington, calificándolos como un acto de genocidio y castigo colectivo, reafirmando que Cuba es un país de paz que merece la paz.
Días antes de la cita en la ONU, el canciller cubano ya había alertado ante la Celac sobre los intentos de Washington de imponer una nueva versión de la doctrina Monroe. Según Rodríguez, esto se estaría materializando a través de la militarización regional, la aplicación de aranceles punitivos, sanciones secundarias y una presión política constante.
El gobierno cubano ha denunciado que, mientras Estados Unidos afirma hipócritamente querer ayudar a los cubanos, mantiene medidas coercitivas severas. Entre ellas destaca la orden ejecutiva del 29 de enero, que impone aranceles a los países que vendan petróleo a la isla. Asimismo, después del primero de mayo, Washington amplió las sanciones contra personas, empresas y sectores vinculados a la energía, defensa, minería, finanzas y seguridad. En septiembre, se añadieron restricciones contra entidades relacionadas con la industria militar y el níquel.
El impacto económico de estas medidas es severo. Según un informe que Cuba presentará ante la ONU, se estima que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el bloqueo causará pérdidas récord de 8.083 millones de dólares, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior. El daño acumulado ascendería a un total de 178.700 millones de dólares.
Estas restricciones han tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de la población. La escasez de combustible y las restricciones petroleras han provocado que más del 60% de la nación permanezca a oscuras durante las horas pico. En el sector salud, la falta de medicamentos y combustible ha dejado sin fecha en listas quirúrgicas a 100 mil pacientes, entre los cuales se encuentran 12 mil niños.
Ante este escenario de hostilidad permanente, el canciller Bruno Rodríguez advirtió el 26 de septiembre que persiste la amenaza del uso de la fuerza militar contra Cuba, lo cual constituiría una violación del Derecho Internacional y de la Carta de San Francisco. Rodríguez subrayó que, de materializarse una agresión, se trataría de un crimen de gran envergadura que provocaría muertes tanto de cubanos como de jóvenes estadounidenses. Finalmente, aseguró que Cuba ejercería con determinación su legítimo derecho a defenderse.
