A través de la plataforma de contratación pública del Estado, conocida como Secop, se ha hecho pública la existencia de dos contratos otorgados por el Gobierno nacional a las jóvenes colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. Ambas ciudadanas cobraron notoriedad en octubre de 2025 tras su participación en la flotilla Global Sumud, una iniciativa que tenía como objetivo principal trasladar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.
Los documentos contractuales revelan que Bedoya y Barreto fueron vinculadas al Fondo Rotatorio de la Cancillería. El propósito fundamental de estas contrataciones es que las jóvenes actúen como enlaces con comunidades indígenas ubicadas en municipios fronterizos del territorio colombiano. De acuerdo con los registros oficiales, cada una de ellas obtuvo un contrato cuyo valor asciende a 45.053.772 pesos, cifra que incluye el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones, así como costos directos e indirectos.
En cuanto a la distribución geográfica de sus labores, el contrato de Manuela Bedoya Jaramillo especifica que deberá prestar apoyo a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza en los municipios limítrofes del departamento del Chocó. Por su parte, Luna Barreto ha sido asignada para desempeñar la misma labor de enlace en los municipios fronterizos de los departamentos de Guainía y Vichada. La remuneración mensual prevista para estas actividades es de 3.754.481 pesos, y la vigencia de ambos acuerdos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las obligaciones asignadas a las contratistas no se limitan únicamente a la interlocución con los pueblos indígenas. Los pliegos contractuales establecen que Bedoya y Barreto deben acompañar e impulsar los espacios de participación territorial que sean promovidos por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza. Asimismo, sus funciones incluyen el acompañamiento en actividades de socialización de los diversos programas y proyectos que la dirección implemente en los departamentos asignados.
Desde el punto de vista operativo, el contrato prevé la organización logística de las reuniones que determine la supervisión contractual. Además, se establece que las jóvenes podrán participar en encuentros internos, interinstitucionales, reuniones con comunidades o incluso encuentros con países vecinos, siempre y cuando exista una delegación previa por parte del supervisor. Para el cumplimiento de estas tareas, el clausulado dispone que deberán realizar los desplazamientos nacionales que sean requeridos.
El Fondo Rotatorio de la Cancillería ha contemplado la posibilidad de que las contratistas se desplacen a otros puntos del país, previa designación y aprobación del supervisor. En tales casos, la entidad estatal asumirá los viáticos y los gastos de desplazamiento derivados del objeto contractual. Adicionalmente, se contempla el reconocimiento de tiquetes aéreos en clase económica cuando las necesidades del servicio así lo exijan.
Este vínculo laboral ocurre en un contexto de estrecha relación con la figura del expresidente Gustavo Petro. En octubre de 2025, cuando las autoridades israelíes retuvieron a Bedoya y Barreto durante su viaje en la flotilla hacia Gaza, el entonces jefe de Estado fue una de las primeras figuras políticas en manifestar su respaldo. Petro exigió la liberación inmediata de las jóvenes y cuestionó la actuación de Israel, manteniendo una línea discursiva crítica hacia el gobierno israelí.
La relación se estrechó posteriormente, cuando el exmandatario se reunió con ambas jóvenes en Bruselas, Bélgica, en el marco de una agenda internacional. Tras dicho encuentro, Manuela Bedoya y Luna Barreto regresaron a Colombia a bordo del avión presidencial. Para diciembre de 2025, el mandatario las condecoró con la Orden de Boyacá en el grado de Caballero, reconociendo formalmente su intento de llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza.
Sin embargo, este reconocimiento estatal no estuvo exento de controversias. Junto con las medallas, se asignaron de manera acelerada esquemas de seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta decisión generó fuertes cuestionamientos en diversos sectores políticos y por parte del sindicato de la UNP, quienes criticaron la priorización de estos recursos frente a otras personas en distintas regiones del país que también solicitan protección. Fue en medio de este clima de debate sobre la asignación de seguridad donde se conocieron posteriormente los contratos otorgados por la Cancillería.
