La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, ha emitido una alerta formal sobre la precaria situación financiera que atraviesan diversos gobiernos locales en el territorio panameño. Durante el proceso de sustentación del presupuesto destinado a la vigencia fiscal 2027, la funcionaria puso de relieve la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para garantizar la operatividad de las alcaldías que dependen de subsidios estatales.
En el marco de su exposición, Méndez respaldó una iniciativa orientada a lograr una equiparación financiera para aquellos municipios que se encuentran bajo el esquema de subsidio. La propuesta central de la directora consiste en realizar un ajuste presupuestario que permita incrementar la asignación base a un monto mínimo de 500,000 dólares para los municipios subsidiados. Este ajuste no solo buscaría estabilizar los distritos que ya reciben este apoyo, sino que también incluiría a tres distritos específicos que, según detalló la funcionaria, históricamente no han sido beneficiarios de dichos subsidios.
Uno de los puntos críticos abordados por la titular de la AND fue el impacto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Roxana Méndez precisó que este impuesto no repercute de manera equitativa en todos los distritos del país. Según la explicación técnica brindada, existe una disparidad marcada en la capacidad de recaudación según la ubicación geográfica y el desarrollo económico de cada zona.
En este sentido, Méndez aclaró que la gran mayoría de los municipios que requieren subsidios no experimentan beneficios reales derivados del aumento del IBI. Esto se debe a que estas administraciones locales están ubicadas en zonas donde la actividad económica es nula o extremadamente baja, lo que les impide generar ingresos propios suficientes para cubrir sus gastos operativos y de inversión. La dependencia del Estado se vuelve, por tanto, la única vía para sostener la administración municipal en estas regiones.
La funcionaria advirtió sobre las consecuencias directas que tendría el mantener a las alcaldías con severas limitaciones presupuestarias. Según Méndez, la falta de recursos financieros no es solo un problema administrativo, sino que afecta de forma inmediata y tangible la prestación de servicios básicos esenciales para la ciudadanía. Entre los servicios más vulnerables mencionó la recolección de desechos y el mantenimiento de las infraestructuras comunitarias, tareas fundamentales que quedarían comprometidas si no se realiza el ajuste solicitado.
Además de la propuesta económica, la directora de la AND recordó que existe un marco legal que regula la distribución de estos fondos. Señaló que, por ley, el esquema de distribución debe ser revisado cada dos años para adaptarse a las realidades socioeconómicas de los distritos. No obstante, Méndez urgió a las autoridades correspondientes a saldar esta deuda pendiente, ya que la falta de revisión periódica ha contribuido a la actual crisis financiera de los gobiernos locales subsidiados.
La sustentación del presupuesto para el año fiscal 2027 se convierte así en un espacio clave para discutir la equidad en la distribución de los recursos públicos. La postura de la AND es clara: sin un piso mínimo de financiamiento, como el propuesto de 500,000 dólares, los municipios con menor actividad económica seguirán enfrentando dificultades para cumplir con sus obligaciones básicas, profundizando la brecha de servicios entre los distritos más prósperos y los más vulnerables del país.
Con este planteamiento, la Autoridad Nacional de Descentralización busca que el presupuesto de la próxima vigencia fiscal no sea una simple reiteración de cifras, sino un instrumento de ajuste que responda a la realidad económica de los municipios subsidiados y cumpla con los mandatos legales de revisión y actualización del sistema de distribución.
