El panorama político se ha visto sacudido por las recientes modificaciones introducidas al proyecto de ley 699, el cual busca reformar el Código Electoral. El centro de la controversia es el diputado Benicio Robinson, quien no solo preside el Partido Revolucionario Democrático (PRD), sino que también encabeza la Comisión de Gobierno, órgano responsable de la aprobación en primer debate de dicha propuesta legislativa.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la inclusión de un artículo que establece que el representante legal de cualquier partido político debe ser su presidente. Esta medida, impulsada directamente por Robinson, tiene un impacto diferenciado según la organización política. Mientras que en ocho de los nueve partidos existentes el presidente ya ejerce como representante legal, el PRD posee una estructura particular donde el secretario general es quien ostenta dicha representación y concentra las decisiones clave.
En la actualidad, el cargo de secretaria general del PRD es ocupado de forma provisional por Balbina Herrera, exlegisladora y excandidata presidencial, quien asumió la posición en noviembre de 2025 tras la renuncia de varios miembros de la cúpula del partido luego de la derrota electoral de 2024. Por lo tanto, la aprobación de este artículo otorgaría automáticamente la representación legal a Benicio Robinson, beneficiándolo directamente y modificando la dinámica interna de su colectividad.
Ante esta situación, Jorge Eduardo Ritter, analista político y excanciller, calificó la propuesta como "absolutamente insólita". Ritter argumentó que Robinson pretende resolver mediante una ley nacional un asunto que debería gestionarse internamente en el partido. El analista sostuvo que las organizaciones políticas deben gozar de la libertad de nombrar a sus autoridades según sus propios criterios y estatutos.
Ritter explicó que, desde su fundación en 1979, el PRD ha mantenido la figura del secretario general como la más relevante de su estructura, siguiendo modelos de partidos socialdemócratas europeos. Citó como ejemplo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, quien también preside la Internacional Socialista, organismo al cual pertenece el PRD.
Sin embargo, las críticas hacia Robinson no se limitan a la representación legal. Se ha señalado que el diputado ha utilizado su posición en la Comisión de Gobierno para impulsar decisiones que favorecen la concentración de poder. Durante el primer debate, se aprobaron 49 modificaciones al proyecto presentado originalmente por el Tribunal Electoral (TE), y la totalidad de estas fueron propuestas por Robinson y otros colaboradores.
Entre estos colaboradores destaca Luis Eduardo Camacho, representante de Realizando Metas (RM) y secretario de la Comisión de Gobierno, quien ha brindado un respaldo incondicional a las iniciativas de Robinson. Según diversas observaciones, la mayoría de estas propuestas buscan debilitar la participación de candidatos mediante la libre postulación y entorpecer los procesos de conformación de nuevos partidos políticos.
El diputado Jorge Bloise, perteneciente a la bancada de Vamos —colectivo que presentó formalmente sus firmas y documentos el 25 de septiembre para ser reconocido como partido—, fue tajante al calificar estas reformas como "un traje a la medida".
Otras modificaciones aprobadas incluyen que un candidato electo para dos cargos pueda conservar la titularidad de ambos, una medida vista como un retroceso. Asimismo, se alteró el límite del financiamiento privado, permitiendo ahora donaciones de hasta 500 mil dólares. También se mantuvo el fuero penal electoral para toda la dirigencia de los partidos, rechazando la intención del Tribunal Electoral de excluir a los vicepresidentes y subsecretarios de este beneficio.
Adicionalmente, se aprobó un artículo que impide que los "iniciadores" de partidos en formación sean reconocidos posteriormente como "adherentes". Juan Diego Vásquez, dirigente de Vamos y exdiputado, afirmó que estas reformas representan retrocesos y que existe una intención clara de limitar la participación de independientes y de ciudadanos que deseen incorporarse a la política. Vásquez señaló que el objetivo de quienes impulsan estas medidas es "quedarse y seguir enriqueciéndose".
Frente a estas acusaciones, Benicio Robinson respondió desde su curul el pasado jueves. El diputado defendió la legitimidad del proceso, asegurando que la Comisión de Gobierno abrió un periodo de participación en el cual solo se presentaron tres diputados. Robinson desafió a sus críticos, indicando que el segundo debate se llevará a cabo en el pleno y que allí verá la postura de aquellos que, según sus palabras, se lanzan a criticar a través de las redes sociales.
Finalmente, Robinson subrayó que la sesión donde se aprobó el proyecto 699 en primer debate fue pública y televisada, contando con la participación de los magistrados del Tribunal Electoral, invitados y los nueve comisionados, quienes leyeron y analizaron cada uno de los artículos propuestos.
