La Comisión Directiva del Parlamento peruano evaluará en los próximos días la situación laboral de, al menos, ocho trabajadores del Congreso que habrían firmado el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización reconocida como el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta información fue adelantada por el presidente de dicho poder del Estado, Miguel Torres, integrante de la bancada de Fuerza Popular.
La Comisión Directiva es la instancia encargada de promover la coordinación y los consensos necesarios en asuntos administrativos, logísticos y de recursos humanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que los acuerdos alcanzados en este organismo son de observancia obligatoria para la institución. Al respecto, Miguel Torres manifestó que ha solicitado agendar este tema para su discusión, aunque precisó que, en la actualidad, la permanencia de estos trabajadores depende única y exclusivamente de la decisión de cada uno de los diputados y senadores que los han contratado.
De acuerdo con un reportaje difundido por el programa “Cuarto Poder”, los implicados se desempeñan como asesores, técnicos y auxiliares en diversas oficinas del partido Juntos por el Perú, organización liderada por Roberto Sánchez Palomino. El presidente del Senado hizo un llamado a la reflexión, especialmente a los parlamentarios de izquierda que han mantenido estas contrataciones, señalando que tales vínculos no contribuyen a fortalecer la institución que el país requiere y que no debería ser necesario que la comisión directiva tome una decisión forzosa si los legisladores fueran conscientes del impacto de estas designaciones.
Desde una perspectiva legal y de seguridad nacional, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, expresó su preocupación por el hecho de que personas firmantes del Movadef trabajen dentro del Congreso. Rospigliosi argumentó que el Parlamento maneja información sensible y tiene la responsabilidad de fiscalizar entidades críticas, como el Ministerio del Interior y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.
El jurista recordó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) negó la inscripción al Movadef debido a que la organización suscribió abiertamente la ideología del llamado "pensamiento Gonzalo". En ese sentido, cuestionó la coherencia de permitir que sus firmantes accedan a puestos de trabajo en una entidad con acceso a información privilegiada. Asimismo, criticó un precedente del Tribunal Constitucional que permite que personas sentenciadas por terrorismo, una vez cumplida su condena, puedan postular a cargos públicos o trabajar en el Estado, calificando esta situación como un riesgo para la democracia.
Por su parte, el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló la existencia de "responsabilidades cruzadas". Primero, apuntó al JNE por permitir que personas ligadas al Movadef postularan a cargos legislativos y, segundo, al propio Congreso por no implementar filtros adecuados en la convocatoria de asesores. Valdés consideró un contrasentido que el Estado, al cual estas ideologías intentaron destruir, sea quien mantenga económicamente a estas personas, sugiriendo que el Parlamento debe establecer "candados" reglamentarios para evitar el ingreso de personas vinculadas a redes criminales o ideologías terroristas, especialmente en áreas como la Comisión de Inteligencia.
En cuanto a los casos específicos, el registro del Movadef incluye a personal del despacho del diputado César Hugo Tito Rojas (Juntos por el Perú), donde figuran Hilso Claudio Ramos Cosme como asesor principal, con un sueldo superior a los S/14,000, y Richard Leandro Tipo Quispe como asesor II, con un percibo mayor a S/11,000. También se identificó a Saida Yesel Huanca Mamani como asesora II del senador José Moisés Chipana.
En el despacho de la diputada Sadith Pérez Quispe trabajó Ángela del Águila Torres como técnica; sin embargo, ella ha negado cualquier vínculo con el Movadef y afirmó desconocer las razones de su inclusión en dicho registro. Asimismo, en el despacho del senador Hugo Ccahuana se encuentra Dick Jefferson Luya Asto como auxiliar, mientras que Genebrardo Mariano Arana Bazán se desempeña como asesor II en la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, presidida también por Ccahuana. Finalmente, el diputado Alejandro Manay Pillaca cuenta con Edith Mota Palomino y Renán Quispe Najarro como técnicos, cuyos nombres también aparecen en el planillón.
Frente a estas revelaciones, la bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado asegurando que no existe sentencia ni investigación abierta contra sus diputados o trabajadores que demuestre vínculos con organizaciones violentistas. Cabe mencionar que el diputado Alejandro Manay Pillaca fue detenido en 2023 por la Dircote como presunto terrorista. El portavoz de la bancada, Ernesto Zunini, no respondió a los intentos de comunicación para brindar declaraciones adicionales.
