El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su rechazo a utilizar los ingresos provenientes de las apuestas online, conocidas como "bets", para financiar la seguridad pública en Brasil. La administración busca ahora establecer fuentes de recursos permanentes y éticamente aceptables para fortalecer el combate a la violencia y enfrentar el crimen organizado en todo el territorio nacional.
Esta postura fue ratificada por el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, Francisco Lucas Costa Veloso, más conocido como Chico Lucas. El funcionario afirmó que resultaría un “contrasentido” vincular el sostenimiento del sector de la seguridad a la recaudación de una actividad que considera “tan nociva” para la sociedad como lo son las apuestas en línea. En este sentido, el portavoz argumentó que la lucha contra el crimen organizado no puede basarse en un modelo que, en la práctica, termine por “explorar el dolor ajeno”.
Este cambio de rumbo ocurre en el marco de una ofensiva del Palácio do Planalto para restringir severamente las apuestas en el país. Como parte de estas medidas, el presidente Lula anunciará una Medida Provisoria que prohíbe todas las apuestas de cuota fija en Brasil. El tema se ha convertido en una bandera central de la campaña del mandatario para su reelección y en un punto de fricción con el senador Flávio Bolsonaro, quien es señalado como su principal adversario. La decisión cuenta con un respaldo popular significativo, ya que una encuesta de Atlas/Bloomberg reveló que el 75% de los entrevistados se manifiestan a favor de la prohibición de las apuestas en el país.
En cuanto al marco legislativo, la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la Seguridad había recibido luz verde en la Cámara de Diputados en marzo. En aquella versión, se contemplaba un dispositivo que destinaba parte de la recaudación de las apuestas al Fondo Nacional de Seguridad Pública y al Fondo Penitenciario Nacional. Sin embargo, este punto fue suprimido del texto durante su paso por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, una modificación que, según Chico Lucas, fue fruto de una articulación directa del gobierno.
Para el gobierno de Lula, la aprobación de esta PEC es una condición fundamental para la recreación del Ministerio de la Seguridad Pública, una medida que también está integrada en su programa de gobierno. El objetivo es constitucionalizar el Fondo Nacional de Seguridad Pública, asegurando que los recursos asignados no sufran ningún tipo de contingenciamiento, salvo en casos de frustración en la recaudación de ingresos.
Ante la eliminación de los fondos provenientes de las apuestas, el secretario Chico Lucas señaló la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento permanentes y moralmente aceptables. Entre las opciones sugeridas se encuentra la asignación de recursos provenientes del presupuesto público, estableciendo trabas contra el contingenciamiento, o incluso la utilización de fondos derivados del pre-sal para financiar la seguridad.
Además del financiamiento, la PEC busca resolver el problema de la integración entre los diferentes niveles de gobierno al constitucionalizar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP). Esto obligaría a la Unión, los estados y los municipios a mantener una cooperación obligatoria y coordinada.
Paralelamente, el gobierno busca fortalecer el programa "Brasil Contra el Crimen Organizado". Ante evaluaciones negativas en esta área, el presidente Lula ha endurecido su discurso, priorizando el enfrentamiento a facciones y milicias mediante la asfixia financiera de estos grupos. Otras prioridades incluyen el combate al tráfico de armas, el incremento de la seguridad en las prisiones y la optimización de las investigaciones de homicidios.
Sobre la posibilidad de implementar medidas más contundentes, Chico Lucas admitió que no existe una "bala de plata" para resolver el problema, citando el complejo caso de Río de Janeiro como ejemplo. El secretario señaló que es necesario superar ciertas idiosincrasias, como la falta de responsabilidad penal, afirmando que en Brasil "se prende mal". Esta valoración coincide con una declaración previa del exministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien sostuvo que la policía realiza detenciones deficientes, lo que obliga al Poder Judicial a liberar a los sospechosos debido a la fragilidad del proceso judicial.
Finalmente, Lucas destacó que el índice de esclarecimiento de los homicidios es el indicador más crítico, lamentando que existan estados en Brasil donde ni siquiera se contabilizan las muertes correctamente. De cara a un eventual cuarto mandato, el secretario considera que el mayor desafío será la recuperación de los territorios actualmente dominados por el tráfico de drogas. Para lograrlo, insistió en que el camino no es aumentar la violencia, sino apostar por la integración, la inteligencia y la inversión tecnológica.
