La diputada Marta Esquivel, integrante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha interpuesto un recurso de amparo dirigido contra la Corte Plena y la Sala Constitucional. Esta acción legal surge a raíz de una presunta situación de discriminación que habría afectado a dos profesionales del Derecho que se desempeñan como letradas dentro de dicho alto tribunal.
La legisladora brindó detalles sobre este proceso legal este miércoles, en declaraciones ofrecidas a su salida de la Comisión de Nombramientos, órgano del cual es la actual presidenta. Según expuso Esquivel, el conflicto se originó cuando ambas funcionarias participaron en un concurso público diseñado para ocupar magistraturas suplentes en la Sala Constitucional. No obstante, la diputada denunció que las profesionales fueron excluidas del proceso basándose exclusivamente en su condición de letradas.
Sobre este particular, la diputada Esquivel señaló que esta problemática no es un hecho aislado o desconocido dentro del entorno judicial. Indicó que el tema también fue puesto sobre la mesa por la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela, durante el proceso reciente de reelección que la magistrada llevó a cabo ante el órgano legislativo. Al respecto, la diputada afirmó que Varela señaló que dicha exclusión era discriminatoria, una postura que Esquivel comparte plenamente desde su perspectiva.
La legisladora cuestionó severamente que el hecho de ser letrado de un alto tribunal sea utilizado como un criterio de exclusión en concursos de esta naturaleza. Para fundamentar su postura, Esquivel hizo referencia al marco normativo vigente, asegurando que ni en la Constitución Política ni en las normas legales existe alguna disposición que prohíba a una persona aspirar a estos cargos por el hecho de ser letrado de una sala. Asimismo, subrayó una disparidad de criterios internos, mencionando que mientras las demás Salas del Poder Judicial han permitido históricamente este tipo de participaciones, la Sala Constitucional ha mantenido una postura distinta.
En sus declaraciones, la diputada lamentó que en estos procesos se descalifique a personas que poseen una formación académica muy sólida y competente, basando la decisión únicamente en su rol administrativo y jurídico como letrados, en lugar de evaluar sus capacidades profesionales. Para brindar claridad sobre el punto, es importante precisar que el término "letrado" se refiere a aquellos profesionales en Derecho que brindan un apoyo jurídico especializado a los magistrados, colaborando directamente en el estudio y la preparación de los asuntos que son conocidos por una Sala.
Paralelamente a este conflicto legal, la Comisión de Nombramientos, presidida por Esquivel, se encuentra trabajando en la evaluación de los aspirantes para llenar la vacante dejada por Sandra Zúñiga Morales. La exmagistrada de la Sala de Casación Penal se había acogido a su pensión el pasado 1 de junio.
Durante la sesión de este miércoles, el órgano legislativo analizó la lista compuesta por 20 candidaturas que aspiran a ocupar dicho cargo. La diputada Esquivel detalló que se ha aprobado una metodología de trabajo que consiste en una evaluación exhaustiva y detallada de cada uno de los perfiles presentados. Según las estimaciones de la legisladora, la comisión evaluaría aproximadamente a tres aspirantes por semana. Bajo este ritmo de trabajo, se prevé que el proceso completo tome alrededor de siete semanas, siempre y cuando no se presenten situaciones extraordinarias que alteren el calendario.
Para hacer frente a la carga de trabajo actual, Esquivel adelantó que la comisión tiene previsto realizar sesiones adicionales los días viernes por la mañana. Esta organización es necesaria ya que la agenda de la Comisión de Nombramientos coincide actualmente con cuatro procesos distintos relacionados con nombramientos y reelecciones de magistrados. Los jueces involucrados en estos procesos son Jorge Araya, Patricia Solano, Jorge Olaso y Roxana Chacón.
Finalmente, la diputada informó que se está preparando una moción formal con el objetivo de convocar a los magistrados cuyos nombramientos están próximos a vencer. Esta medida se plantea incluso para aquellos funcionarios que, hasta el momento, no han presentado formalmente una solicitud de reelección ante el órgano legislativo.
