La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, ha lanzado una dura crítica a la gestión actual frente a la situación del mercado laboral en Chile, advirtiendo que el país atraviesa un problema de empleo que ya no admite excusas ni culpas. Según los datos presentados por la dirigencia del partido, en los últimos cinco meses se han destruido 177 mil puestos de trabajo netos, situando la tasa de desocupación en un 9,5%, una cifra que impacta directamente a cientos de miles de familias, afectando con mayor severidad a mujeres y jóvenes.
Yeomans señaló que, si bien el Gobierno ha diagnosticado la situación como una “Emergencia Laboral”, existe una carencia de medidas de emergencia concretas para enfrentar la crisis. En este sentido, la presidenta del Frente Amplio enfatizó que quienes se encuentran desempleados hoy no pueden aguardar varios años para que las reformas estructurales den frutos, ni tampoco requieren una agenda basada en la flexibilización laboral o la facilidad del despido. En su lugar, el partido propone la implementación de políticas de empleo concretas y coordinadas.
Bajo esta premisa, el Frente Amplio ha extendido una invitación directa al Gobierno para aprovechar la discusión de la Ley de Presupuestos y construir un Plan Nacional de Empleo. La propuesta no busca ser una suma de anuncios aislados, sino una política coordinada orientada a crear puestos de trabajo, facilitar la contratación formal y eliminar las barreras que impiden la inserción laboral de miles de personas.
El plan propuesto se estructura en seis ejes fundamentales. El primero consiste en el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo. El Frente Amplio solicita que el Gobierno implemente eficientemente esta ley y utilice el Presupuesto 2027 para ampliar su cobertura, reducir los requisitos y extender la ventana de subsidio para empleos recientes. Además, proponen incorporar a hombres de entre 25 y 55 años mediante un beneficio focalizado, estimando que estos cambios podrían generar entre 150 mil y 180 mil relaciones laborales anualmente.
Como segundo punto, Yeomans propone transformar la Sala Cuna Universal en una política efectiva de empleo femenino. Para ello, sugiere que JUNJI, Integra y los jardines VTF reciban financiamiento del Fondo y se elimine el copago. El objetivo es que la red pública responda especialmente en las 50 comunas donde no existe oferta privada, eliminando la barrera real que enfrentan las mujeres para integrarse al mercado laboral debido a la falta de infraestructura y horarios extendidos.
En tercer lugar, el partido propone expandir significativamente el Programa 4 a 7. Actualmente, el programa beneficia a cerca de 15 mil niños y niñas, pero la propuesta busca llevarlo a las 100 comunas con mayor desempleo, superando los 50 mil cupos. Según Yeomans, la política de cuidados no es un complemento, sino una condición necesaria para que padres y madres puedan sostener empleos de jornada completa.
El cuarto eje se centra en generar un shock de inversión pública en vivienda e infraestructura. La presidenta del Frente Amplio criticó las decisiones de ajuste fiscal del ministro Quiroz, señalando que la ejecución de la inversión pública ha caído drásticamente en áreas como Salud, Vivienda y Obras Públicas, justo cuando la economía ha atravesado dos trimestres consecutivos de contracción. El partido propone revertir esta lógica en la Ley de Presupuestos, acelerando obras y proyectos habitacionales, incluso mediante la implementación de segundos o terceros turnos en contratos ya vigentes.
El quinto punto propone un programa extraordinario de reconversión y colocación laboral, priorizando los sectores de construcción y vivienda. Yeomans indicó que existen recursos del Fondo de Cesantía Solidario destinados a la intermediación y habilitación laboral que se encuentran subutilizados. Estos fondos podrían financiar capacitaciones rápidas en oficios con alta demanda y conectar a los cesantes con empresas beneficiadas por el shock de inversión pública.
Finalmente, el sexto eje propone la creación de un Subsidio de Seguridad Social para el Primer Empleo Joven, ante una desocupación juvenil del 24,9%, que asciende al 29,6% en el caso de las mujeres jóvenes. La propuesta sugiere que el Estado, a través del IPS, pague las cotizaciones de seguridad social del empleador para jóvenes menores de 30 años contratados con una renta bruta de hasta 1,5 salarios mínimos. Este beneficio estaría limitado a las primeras 100 mil contrataciones por un periodo de 18 meses decrecientes, con la condición de mantener al trabajador al menos seis meses y no reducir la dotación total de la empresa.
Gael Yeomans subrayó que esta medida no altera los contratos de trabajo, las indemnizaciones por años de servicio ni la jornada laboral, diferenciándola así de una agenda de flexibilización al enfocarse en reducir el costo de entrada al trabajo y no el costo del despido. Con este conjunto de medidas, el Frente Amplio busca establecer una política coherente donde la capacitación, el subsidio, la inversión pública y los cuidados se articulen para resolver la crisis de empleo en el país.