Las tensiones geopolíticas desencadenadas desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero, han provocado un incremento sustancial en los costes del combustible en España. Según los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el precio del gasóleo antes de impuestos ha experimentado un encarecimiento del 68 %, pasando de los 0,82 euros por litro registrados al comienzo del conflicto hasta alcanzar los 1,378 euros por litro en la actualidad.
A pesar de este fuerte ascenso en el coste base del carburante, el impacto directo en el bolsillo del consumidor final se ha visto mitigado gracias a la implementación de diversas medidas de rebaja fiscal por parte del Gobierno. De este modo, mientras que el precio antes de impuestos subió un 68 %, el precio de venta final al público ha registrado un incremento del 29 %, situándose en 1,87 euros por litro frente a los 1,45 euros que costaba el 28 de febrero.
La estrategia gubernamental para contener estos precios comenzó con un primer paquete de medidas fiscales que entró en vigor el 22 de marzo y se extendió hasta el 30 de junio. Este conjunto de acciones incluía una reducción significativa del IVA de los carburantes, que bajó del 21 % al 10 %, además de una rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa de la Unión Europea. Gracias a estas intervenciones, el precio de venta del diésel solo aumentó un 18 % en ese periodo (de 1,45 a 1,506 euros por litro), mientras que el precio antes de impuestos ya había subido un 26 %, situándose en 1,039 euros.
A partir del 1 de julio, el Gobierno puso en marcha un segundo decreto ley. En esta nueva etapa, desapareció la rebaja del IVA, aunque se mantuvo la reducción del impuesto sobre hidrocarburos. Durante el mes de julio, este descuento fue de 15 céntimos por litro. No obstante, al finalizar dicho mes, la presión del mercado internacional se hizo más evidente: el precio del gasóleo en las estaciones de servicio subió un 24 % desde el inicio de la guerra (alcanzando los 1,798 euros por litro), mientras que el precio antes de impuestos se disparó un 53 %, llegando a los 1,257 euros. Esta brecha evidenció que el encarecimiento del producto era mucho más agresivo que el ajuste en el precio final.
En agosto, el descuento fiscal se redujo a 10 céntimos por litro. Esto resultó en que el precio del gasóleo para el consumidor final subiera un 28 % desde el 28 de febrero hasta el 31 de agosto, cerrando el mes en 1,867 euros por litro. Curiosamente, durante agosto el precio del gasóleo antes de impuestos se mantuvo estable, situándose en 1,264 euros por litro, una cifra muy similar a la de julio.
La situación de inflación en julio, donde el gasóleo superó el umbral del 15 %, obligó a un ajuste en septiembre. En lugar de reducir el descuento fiscal a 5 céntimos —como ocurrió con la gasolina—, el Gobierno decidió devolver el descuento para el diésel a los 20 céntimos por litro.
La preocupación actual radica en que este paquete de medidas fiscales está programado para finalizar el próximo 30 de septiembre. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha lanzado una advertencia clara: si no se aprueba un nuevo paquete de medidas antes de la fecha límite, el precio del gasóleo podría sufrir un incremento adicional de hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre.
Este escenario es especialmente crítico dado que el gasóleo es fundamental para la movilidad y la logística en España. Según datos de las patronales Anfac e Ideauto, el 57 % del parque vehicular español —que incluye turismos, vehículos comerciales ligeros, industriales y autobuses— todavía depende de este carburante, lo que representa más de 18 millones de vehículos.
Ante la urgencia de la situación, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado formalmente una reunión urgente con el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, con el objetivo de consensuar la aplicación de nuevas ayudas directas al carburante.
En respuesta a estas tensiones, este jueves se llevó a cabo una reunión de seguimiento sobre el conflicto en Irán. En el encuentro participaron Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Los representantes del Gobierno se reunieron con los principales agentes sociales y empresariales, incluyendo a la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, a falta de dos semanas para el vencimiento de las actuales medidas fiscales.
