La próxima semana dará inicio la discusión formal para determinar el valor del salario mínimo en Colombia para el año 2027. En este escenario, diversos analistas económicos sugieren que el monto podría ubicarse cerca de los 1,9 millones de pesos, lo que representaría incrementos proyectados de entre el 8% y el 9% sobre el salario básico vigente. Estas estimaciones se encuentran alineadas con las propuestas salariales presentadas por los gremios; sin embargo, contrastan drásticamente con la postura de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que plantea un incremento del 38,5% para el 2027. En términos monetarios, esto implica que el salario mínimo podría subir en un rango que va desde los 150.000 hasta los 670.000 pesos.
La decisión final estará en manos de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la mesa de negociación tripartita encargada de fijar el aumento. Para llegar a un acuerdo, se deberán evaluar múltiples factores económicos que podrían alterar el rumbo de la negociación. Uno de los componentes más críticos será la evolución de la llamada Ley de Rescate en el Congreso. Esta normativa es considerada relevante debido a que su implementación podría encarecer diversos rubros de la canasta familiar, además de afectar los costos de las bebidas alcohólicas y los servicios de medicina prepagada.
Desde la perspectiva técnica, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, señala que aunque la Ley de Rescate será un tema presente en la mesa de concertación, los factores con mayor peso serán el incremento efectivo de los precios durante el año 2026 y los datos de productividad del país. Estos últimos serán divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el próximo 30 de noviembre. Cubides advierte que, dada la desaceleración económica prevista para el próximo año —impulsada por el incremento de las tasas de interés y el efecto del ajuste fiscal—, el incremento salarial debería situarse por debajo del 10%.
El economista jefe del Banco de Occidente enfatiza que un aumento superior al 10% podría generar presiones adicionales sobre la inflación para 2027, un resultado que se considera indeseado dado que la inflación en el país ha permanecido por encima del rango meta del Emisor durante los últimos siete años. Asimismo, Cubides indica que la discusión podría complicarse en términos de costos operativos. Si se llegara a incrementar los aportes de nómina para aquellos trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, los empresarios tendrían un argumento sólido para solicitar un aumento más moderado. Por otro lado, el Gobierno Nacional también enfrentaría dificultades ante una alza elevada, ya que esto incrementaría los pagos por pensiones basados en dicho valor, en un momento en que la administración busca recortar el gasto público.
A este análisis se suma el de Bancolombia, cuyos estudios recientes sugieren que la inflación proyectada es una variable determinante. Según la entidad, si se materializara un aumento salarial del 12%, la inflación de 2027 podría experimentar un incremento de entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales. En concordancia con esta visión, Andrés Langebaek, decano de Ciencias Económicas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y exvicepresidente de Anif, comenta que, a pesar de los efectos en los precios derivados de la Ley de Rescate, los pronósticos apuntan a una desaceleración marcada de la inflación para 2027, situándose en niveles de entre el 4% y el 4,2%.
Bajo esta premisa, Langebaek estima que el alza salarial podría rondar el 9,5%, lo que fijaría el monto en aproximadamente 1,9 millones de pesos. El académico explica que el salario no puede incrementarse por debajo de la inflación causada, pero recalca que la desaceleración económica producto del ajuste fiscal y las tasas de interés del Banco de la República hace probable que el aumento se mantenga por debajo del 10%.
Finalmente, Langebaek subraya la importancia del dato de productividad y advierte que el informe de crecimiento económico del tercer trimestre, que el DANE divulgará a finales de noviembre, podría reflejar una desaceleración significativa de la actividad productiva. Esto provocaría una caída en el cálculo de la productividad, lo que podría modificar ligeramente las estimaciones actuales del ajuste salarial.
En cuanto al cronograma, el Gobierno inició el 10 de noviembre sus reuniones preparatorias con centros de pensamiento e investigadores. La instalación oficial de la mesa de concertación está prevista para el 18 de noviembre, quedando a la espera de los datos oficiales de productividad e inflación. La fecha límite inicial para alcanzar un acuerdo es el 15 de diciembre, aunque el Gobierno dispone de plazo hasta el 30 de diciembre para fijar el incremento definitivo.
