México ha transitado por un proceso de transformación profunda en su manera de enfrentar los desastres naturales, evolucionando desde una reacción basada en la improvisación durante el sismo de 1985 hacia un modelo estructurado que integra instituciones, normas técnicas, sistemas de alertamiento y simulacros sistemáticos. A pesar de este avance sustancial, la experiencia acumulada demuestra que aún queda un camino considerable por recorrer para alcanzar una seguridad plena.
El terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica: la Ciudad de México carecía de un sistema nacional especializado capaz de coordinar las labores de prevención, auxilio y reconstrucción. En aquel momento, la respuesta inmediata no provino de una estructura gubernamental organizada, sino que dependió en gran medida de la iniciativa ciudadana. Vecinos, brigadistas voluntarios, personal médico y rescatistas tuvieron que organizarse sobre la marcha para atender la emergencia.
Esta carencia institucional impulsó la creación de las bases del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) el 6 de mayo de 1986. El objetivo del SINAPROC fue articular la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, integrando además a organizaciones sociales, privadas y voluntarias. Posteriormente, el 20 de septiembre de 1988, se fundó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), organismo encargado de investigar los riesgos, capacitar a la población y difundir medidas preventivas.
Paralelamente a la creación de instituciones, el sector de la construcción experimentó cambios normativos. Tras 1985, se revisaron las normas sísmicas de la capital, implementando modificaciones en 1987 y revisiones posteriores en 2004 y 2022. Estas actualizaciones elevaron las exigencias para el diseño estructural de las edificaciones. No obstante, la supervisión irregular de los inmuebles y la evaluación de los edificios antiguos persisten como puntos débiles en la seguridad urbana.
Uno de los cambios más visibles en la cultura ciudadana ha sido la implementación de los simulacros. Espacios como escuelas, oficinas, hospitales, comercios y edificios públicos han incorporado rutas de evacuación, puntos de reunión y brigadas internas. El 19 de septiembre se consolidó como la fecha central de esta cultura preventiva a través del Día Nacional de Protección Civil.
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, los ejercicios de simulacro ampliaron su dimensión. Ya no se limitaron únicamente al desalojo de inmuebles, sino que se convirtieron en pruebas para evaluar las comunicaciones, la operación de los cuerpos de emergencia, la toma de decisiones de las autoridades y la coordinación a través del C5. Un ejemplo de esta escala fue el macrosimulacro de 2019 en la Ciudad de México, que registró la participación de más de 7.1 millones de personas y la inscripción de 22,559 inmuebles.
Este enfoque fue respaldado legalmente el 5 de junio de 2019 con la publicación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Esta legislación redefine el simulacro no como una evacuación simbólica, sino como una herramienta técnica para probar y corregir respuestas. La norma integra ahora un ciclo completo que abarca la identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
En cuanto a la tecnología de prevención, la creación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano representó un avance derivado de las lecciones de 1985. Su utilidad es mayor en sismos originados en la costa, permitiendo segundos de anticipación para ciudades como la capital. Sin embargo, el sismo de 2017, con epicentro entre Puebla y Morelos, evidenció que la cercanía del evento impide que la alerta ofrezca un margen de reacción útil. Esta experiencia dejó claro que la alerta no predice terremotos y que su eficacia depende de que la población sepa discernir cuándo evacuar o replegarse según el tipo de inmueble. Actualmente, el gobierno trabaja en un sistema de alertas que sonará directamente en los teléfonos celulares.
Finalmente, el sismo de 2017 rescató la capacidad de autoorganización ciudadana vista en 1985, pero potenciada por el uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales para coordinar ayuda y localizar personas. La diferencia fundamental fue que esta solidaridad ocurrió junto a una estructura formal de protección civil. Si bien la sociedad cubrió vacíos logísticos e informativos en las primeras horas, la experiencia confirmó que la solidaridad ciudadana no puede sustituir los dictámenes técnicos, las inspecciones rigurosas ni una reconstrucción transparente.
