Una exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha manifestado su postura respecto a los actuales debates sobre la reforma del Estado, subrayando una distinción fundamental entre la búsqueda de la eficiencia administrativa y la posible invisibilización de las mujeres en las prioridades gubernamentales. Según la exfuncionaria, si bien es imperativo avanzar hacia un Estado más moderno y eficiente, este proceso no debe traducirse en la eliminación de la rectoría especializada en materia de género.
En su análisis, la exministra coincide en que reformar el Estado es una medida necesaria. Destaca que reducir la burocracia, eliminar las duplicidades funcionales, exigir resultados concretos y asegurar el cuidado responsable de cada sol del erario público son objetivos válidos y urgentes. Sin embargo, advierte que existe una línea clara que no debe cruzarse: la diferencia entre reformar una institución para mejorar su operatividad y borrar a las mujeres de las prioridades del Estado.
Para respaldar la pertinencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la exministra recurrió a datos oficiales que contradicen la narrativa de que la entidad carece de impacto. Basándose en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2025) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señaló que la violencia ejercida por el esposo o compañero contra mujeres de entre 15 y 49 años registró una disminución, pasando del 52% en el año 2024 al 49,1% en el 2025. Asimismo, resaltó que, en el periodo comprendido entre 2019 y 2025, dicha cifra disminuyó en 8,6 puntos porcentuales. Si bien reconoce que la violencia sigue siendo un problema grave, sostiene que negar estos avances es ignorar la evidencia oficial.
La exfuncionaria cuestionó además la lógica de quienes argumentan que la persistencia de la violencia contra la mujer implica el fracaso del ministerio. Calificó este razonamiento como una falacia, comparándolo con otras carteras estatales: bajo ese mismo criterio, argumentó, se debería cerrar el Ministerio del Interior debido a que existe delincuencia, el Ministerio de Salud porque persisten las enfermedades o el Ministerio de Educación debido a que aún existen brechas educativas. Enfatizó que el propósito fundamental de los ministerios es, precisamente, enfrentar los problemas sociales y trabajar para reducirlos.
Sobre la naturaleza del MIMP, explicó que la lucha contra la violencia de género requiere de especialización y una coordinación intersectorial compleja. Detalló que, aunque la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, y los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Trabajo tienen responsabilidades específicas, el MIMP cumple la función crítica de articular una respuesta especializada. Advirtió que diluir esta rectoría podría derivar en una dilución de las responsabilidades estatales frente a las víctimas.
En cuanto a la simbología y la nomenclatura institucional, la exministra defendió la permanencia de la palabra "mujer" en la estructura del Estado. Argumentó que nombrar es reconocer, recordando que durante décadas la violencia de género fue relegada al ámbito privado. Hoy, al ser reconocida como un asunto público y una responsabilidad del Estado, el nombre de la institución refleja esa transición.
Asimismo, rechazó la idea de que la protección de las mujeres esté ligada a una agenda ideológica, afirmando que las mujeres son, ante todo, ciudadanas. Subrayó que la violencia no distingue preferencias electorales y que cualquier mujer amenazada requiere protección estatal. En ese sentido, sostuvo que defender la estructura familiar no requiere, bajo ningún concepto, borrar la presencia de la mujer en las instituciones.
Finalmente, la exministra se mostró abierta a una reforma integral del MIMP que incluya evaluación, modernización, reducción de la burocracia y medición rigurosa de resultados, siempre que el objetivo sea mejorar la protección de las personas y no un simple cambio de nombre. Lanzó un desafío a quienes proponen la eliminación de la palabra "mujer" del Estado, solicitando evidencia concreta sobre qué problema resolvería dicha medida y si esto resultaría en menos feminicidios, mayor prevención o mejor acceso a la justicia. Concluyó reafirmando que el nombre de la institución no resta importancia a otros sectores, sino que reafirma un principio elemental: que las mujeres también importan.
