El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha emitido una advertencia formal respecto a la imposibilidad de que su institución asuma las funciones relacionadas con la denominada "Política Limpia". A través de una declaración oficial, el titular del organismo dejó claro que la entidad no cuenta con la capacidad operativa inmediata para absorber nuevas responsabilidades de esta naturaleza, fundamentando su postura en la saturación de las tareas que ya desempeña el organismo.
El punto central de la argumentación del presidente del TSC se resume en una frase contundente: “Ya tenemos suficiente carga”. Con esta declaración, el funcionario señala que la estructura actual del tribunal se encuentra operando a su máxima capacidad, lo que implicaría que la adición de nuevas competencias, como las derivadas de la Política Limpia, podría comprometer la eficiencia y la calidad de las funciones que el organismo ya tiene asignadas por mandato legal. Esta advertencia pone de relieve la tensión existente entre la voluntad de implementar nuevas políticas de transparencia y la realidad operativa de las instituciones encargadas de ejecutarlas.
Más allá de la saturación laboral, el presidente del TSC subrayó que la transición de estas funciones hacia su organismo no es un proceso sencillo ni automático. Según indicó el titular, para que el TSC pudiera asumir la responsabilidad de la Política Limpia, sería imperativo realizar cambios legales profundos. El funcionario explicó que la asignación de nuevas facultades a un organismo público no puede basarse únicamente en decisiones administrativas, sino que requiere de un marco normativo sólido que respalde dichas acciones, otorgando la base jurídica necesaria para que el tribunal pueda actuar sin incurrir en irregularidades procesales o legales.
En este sentido, el presidente enfatizó que la modificación de la ley es un paso previo y obligatorio. Sin una reforma legal que defina con precisión los alcances, los límites y los procedimientos de la Política Limpia dentro de la estructura del TSC, la institución no podría ejecutar estas tareas de manera legítima. Este requerimiento legal sugiere que existe un vacío normativo o una falta de alineación entre las expectativas de quienes proponen la medida y las facultades actuales del tribunal.
Complementando la necesidad de cambios legales, el presidente del TSC señaló que el asumirlo requeriría, asimismo, un fortalecimiento institucional. Este concepto implica que no basta con modificar la ley, sino que es necesario dotar al organismo de los recursos necesarios para hacer frente a los nuevos retos. El fortalecimiento institucional abarca diversas dimensiones, desde la contratación de personal especializado y la capacitación de los cuadros técnicos, hasta la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y la asignación de presupuestos adicionales que permitan gestionar el volumen de trabajo asociado a la Política Limpia.
El análisis del presidente sugiere que, sin este soporte institucional, cualquier intento de transferir funciones resultaría ineficaz. La advertencia es clara: la carga laboral actual es un impedimento real y tangible que no puede ser ignorado. El fortalecimiento institucional se presenta, por lo tanto, como la única vía viable para que el TSC pueda evolucionar hacia la asunción de nuevas competencias sin descuidar sus obligaciones primarias.
En conclusión, la postura del Tribunal Superior de Cuentas es de cautela y realismo operativo. El presidente ha establecido una hoja de ruta clara: no habrá asunción de funciones de Política Limpia mientras no se resuelvan los tres nudos críticos identificados: la saturación de la carga de trabajo actual, la ausencia de un marco legal adecuado y la falta de un fortalecimiento institucional integral. La declaración actúa como un llamado a las autoridades competentes para que cualquier propuesta de cambio sea acompañada de las reformas y los recursos necesarios para garantizar su viabilidad.
