El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) ha ejecutado, este miércoles 16, una nueva orden de prisión preventiva contra Marcelo Lopes da Silva, quien se desempeñó como procurador general del Instituto Rio Metrópole (IRM). Esta medida se produce en el marco de la denominada Operación Ouroboros, una investigación exhaustiva sobre el desvío de fondos públicos y esquemas de corrupción administrativa.
Marcelo Lopes da Silva ya había sido detenido durante la primera fase de la operación. No obstante, su libertad había sido recuperada previamente gracias a que la Justicia revocó su prisión preventiva mediante un recurso de habeas corpus. Esta situación cambió radicalmente luego de que la 1ª Vara Especializada en Organización Criminosa de la Capital analizara el contenido del teléfono celular incautado al acusado. El análisis forense del dispositivo reveló nuevos e irrefutables indicios de delitos de corrupción y lavado de dinero, lo que motivó la nueva orden de detención.
De acuerdo con las investigaciones lideradas por el Grupo de Actuación Especializada de Defensa de la Integridad y Represión a la Sonegação Fiscal (Gaesf) del MPRJ, el exprocurador diseñó una estrategia para recibir pagos indebidos de manera oculta. Según las pruebas, Marcelo instruyó a su entonces pareja, Thays Pinho Carneiro da Silva, para que abriera un microemprendimiento individual (MEI). El objetivo de esta empresa era ser contratada por Engeconsult, una firma que mantenía contratos millonarios con el Instituto Rio Metrópole.
La gravedad del caso radica en que los ajustes contractuales de Engeconsult dependían directamente de los análisis y pareceres de la Procuraduría, la cual era encabezada por el propio Marcelo Lopes da Silva. El contrato firmado con el MEI de su pareja preveía el pago de 30.000 reales, divididos en seis cuotas de 5.000 reales cada una, bajo el pretexto de la prestación de supuestos servicios administrativos. Para el Ministerio Público, el MEI fue utilizado exclusivamente como una fachada para ocultar el pago de ventajas indebidas al agente público.
Las evidencias recuperadas del dispositivo móvil muestran que Marcelo solicitó explícitamente que las negociaciones no dejaran rastro escrito. Un dato revelador es que el contrato con Engeconsult fue firmado el mismo día en que se constituyó la empresa MEI, pero el documento presentaba una fecha anterior a la creación legal del negocio. Además, se determinó que los pagos se realizaban en una cuenta bancaria a nombre de Thays.
El análisis del teléfono también puso al descubierto la capacidad de influencia de Marcelo dentro del organismo. Se hallaron conversaciones que demuestran que el exprocurador actuaba para liberar dictámenes favorables a los intereses del grupo criminal, interfería en la documentación insertada en el Sistema Electrónico de Información (SEI) y trabajaba activamente para evitar que ciertos asuntos fueran revisados por órganos externos de control. En una de las comunicaciones más comprometedoras, al discutir un caso que podría haber sido derivado a la Procuraduría General del Estado, el acusado afirmó: “Mejor matar aquí en el IRM y archivar pronto el caso”.
La investigación también determinó que la vinculación de Marcelo con el grupo persistió incluso después de dejar su cargo oficial el 8 de junio de este año. Siete días después de su desligamiento, el exfuncionario recibió una nueva solicitud para elaborar un dictamen, a lo cual respondió: “Déjalo conmigo”. Para el MPRJ, este hecho demuestra que su actuación ilegal no dependía de su permanencia en el cargo público.
Ante el hallazgo de estas nuevas pruebas, el Ministerio Público procedió a aditar la denuncia, agregando contra Marcelo Lopes da Silva seis delitos de corrupción pasiva y seis de lavado de dinero. Asimismo, Hélio Augusto Machado Pessôa, representante de Engeconsult, también ha pasado a responder por seis nuevos delitos de lavado de dinero. La Justicia ya ha admitido este aditamento a la denuncia.
Como contexto general, la primera fase de la Operación Ouroboros, iniciada en julio, denunció a 11 personas por integrar un esquema de desvío de recursos del Instituto Rio Metrópole. Se estima que los contratos fraudulentos movilizaron un total de 86,28 millones de reales. Según la fiscalía, los fondos pagados por el IRM a Engeconsult y a R. Peotta Engenharia eran posteriormente transferidos al Instituto BIO, una entidad que carecía de estructura operativa compatible con los servicios contratados, para luego ser retirados en efectivo.
La investigación se originó en enero de este año, tras la incautación de 500.000 reales en efectivo que eran transportados bajo escolta armada. Las indagaciones posteriores identificaron 28 transferencias desde las empresas contratadas hacia el Instituto BIO, sumando 3,29 millones de reales, además de 13 retiros que totalizaron 3,02 millones de reales entre mayo de 2025 y enero de 2026.
