La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) ha puesto de manifiesto una preocupante brecha entre la cantidad de denuncias presentadas por actos de discriminación y la capacidad del sistema judicial para emitir sentencias condenatorias. En el marco de la inauguración del quinto Congreso Nacional sobre Racismo, se revelaron cifras que evidencian una persistente impunidad en torno a este delito en el país.
El evento, titulado «Problematizando la Democracia: Rompiendo el Racismo desde los Pueblos», marca el retorno de estos espacios de análisis y debate después de un periodo de aproximadamente ocho años. Durante la apertura, el comisionado presidencial Miguel Felipe Pajarito destacó que este congreso se ha consolidado como un punto de encuentro para académicos y especialistas, cuyo objetivo primordial es abordar los desafíos estructurales que aún persisten en la sociedad respecto a la discriminación.
Uno de los datos más alarmantes presentados por el comisionado es la disparidad estadística en el procesamiento de las denuncias. Según los registros de Codisra, durante el año 2025 se contabilizaron un total de 54 denuncias por racismo y discriminación. Esta cifra representa un incremento significativo en la actividad de reporte, situando la frecuencia de las denuncias en un promedio de una por semana. Sin embargo, este aumento en la visibilización del problema contrasta drásticamente con la eficacia de las resoluciones judiciales.
Desde la creación de Codisra en el año 2002, es decir, en más de dos décadas de existencia de la institución, solo nueve casos han terminado en una sentencia. Esta cifra es calificada por Pajarito como mínima frente al volumen total de actos denunciados, lo que sugiere que la gran mayoría de los procesos no llegan a una resolución punitiva efectiva.
Ante este escenario, el comisionado presidencial fue enfático al señalar que el principal reto actual recae sobre el Congreso de la República. La institución urge a los legisladores a endurecer la tipificación del delito de racismo y discriminación. De acuerdo con la explicación de Pajarito, la legislación vigente permite que muchas de las personas que incurren en estos actos resuelvan su situación legal mediante una disculpa pública. El funcionario advirtió que esta salida procesal es insuficiente, ya que no permite sentar precedentes jurídicos ni logra transformar la realidad social de las víctimas ni de los victimarios.
La situación actual muestra un cambio notable en la dinámica de denuncias en comparación con gestiones anteriores. Pajarito detalló que, antes de que la administración actual tomara posesión, Codisra manejaba apenas siete casos acumulados en un periodo extenso. El salto a 54 denuncias en 2025 indica una mayor disposición de la ciudadanía a reportar estos hechos, aunque el sistema de justicia no haya respondido al mismo ritmo.
El comisionado lamentó que una cantidad considerable de estas denuncias terminen siendo archivadas o simplemente queden en el olvido. Esta falta de seguimiento y resolución genera un sentimiento de desconfianza generalizada en el sistema de justicia, desincentivando que más personas busquen amparo legal ante actos discriminatorios.
Finalmente, reconociendo que el entorno digital se ha convertido en un catalizador de conflictos, el funcionario confirmó que Codisra está implementando tres campañas de sensibilización enfocadas específicamente en las redes sociales. Según indicó Pajarito, estas plataformas son los espacios donde el discurso de odio y el racismo se han amplificado en los últimos tiempos, haciendo imperativa una intervención educativa y preventiva para frenar la propagación de estas conductas en el ámbito virtual.
