El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) ha manifestado una profunda preocupación tras analizar la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo al Parlamento para el año 2027. Durante su sesión plenaria de octubre, celebrada en las dependencias de la Universidad Alberto Hurtado, las rectoras y rectores de las instituciones que integran el sistema advirtieron sobre la posibilidad de que se concreten nuevos recortes en la educación superior pública, lo que pondría en serio riesgo la estabilidad financiera de las 18 casas de estudio que componen el consorcio.
Esta alerta se produce en un contexto financiero ya debilitado, pues las universidades estatales ya han tenido que enfrentar una merma superior a los 20 mil millones de pesos durante el transcurso del año actual. Según las autoridades académicas, la viabilidad económica de estas instituciones se encuentra comprometida, afectando directamente su capacidad para cumplir con la misión pública que les ha sido encomendada.
En el marco de este plenario, la presidenta del CUECH y rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán Santis, fue enfática al señalar que el sistema de financiamiento estatal actual se encuentra agotado. La autoridad advirtió que, si al ajuste fiscal que ya ha sido aplicado se le suma un presupuesto restrictivo para el periodo 2027, la misión pública de las universidades del Estado podría verse seriamente amenazada. Ante este escenario, el consorcio ha decidido mantenerse en estado de alerta y desplegar un trabajo conjunto coordinado desde Arica hasta Magallanes.
Para enfrentar esta situación, la directiva del CUECH destacó que se ha mantenido un trabajo de coordinación constante en el Congreso Nacional y una labor de socialización activa ante la opinión pública. Asimismo, han logrado una sólida comunión de posturas con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y otras agrupaciones del sector universitario para posicionar la crisis de financiamiento en la agenda nacional. Como parte de sus acciones inmediatas, el consorcio continuará realizando rondas de diálogo con parlamentarios y remitirá indicaciones técnicas a los ministerios de Educación, Ciencias y Hacienda, incluyendo propuestas que buscan mejorar la situación sin implicar un mayor gasto fiscal.
Desde las regiones, el diagnóstico es coincidente. La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces, valoró la articulación del sector y subrayó que la discusión debe trascender la ley de presupuestos anual. Mizala señaló que, si bien el presupuesto de 2027 presenta incluso un error de tipeo en su documento original, el problema de fondo es la estructura del financiamiento universitario, la cual debe ser mejorada de manera estructural. En este sentido, destacó el respaldo activo que han brindado las comunidades estudiantiles a estas demandas.
Por su parte, el rector de la Universidad del Bío-Bío, Benito Umaña Hermosilla, puso el foco en los fondos basales. El académico aclaró que las instituciones no han solicitado aumentos, sino que el objetivo primordial es evitar que estos fondos disminuyan. Según Umaña, una baja en los fondos basales impactaría directamente en acciones concretas de formación, investigación y vinculación con el medio, dañando así el desarrollo de las comunidades locales donde se insertan las universidades.
En una línea similar, la rectora de la Universidad de Playa Ancha, Violeta Acuña, reconoció que existen restricciones económicas actuales, pero insistió en que las universidades cumplen una misión fundamental en la generación de conocimiento necesario para el diseño de políticas públicas, lo que hace indispensable optimizar sus funciones sustantivas a pesar del escenario adverso.
En términos estructurales, la red de universidades estatales arrastra un panorama complejo, con una disminución acumulada del 6,6% en su presupuesto total. Este déficit incluye una merma de aproximadamente 10 mil millones de pesos en zonas extremas y recortes significativos en las áreas de ciencia y tecnología. Además, el CUECH denunció que las instituciones operan bajo un marco normativo obsoleto y rígido, lo que las deja en desventaja competitiva frente al sector privado. Por ello, reiteraron la urgencia de una modernización legal que permita una gestión más ágil de sus recursos propios.
Finalmente, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Laura Mylnarz, advirtió sobre las consecuencias prácticas de estos recortes. Mylnarz señaló que la educación pública está en peligro y que, de concretarse el menor financiamiento, para el próximo año podrían verse establecimientos con graves deficiencias en su infraestructura o con una capacidad reducida para recibir nuevos estudiantes en diversas regiones. La dirigente concluyó que las comunidades estudiantiles se mantendrán organizadas en defensa de los derechos sociales.
