La Seccional Monte Grande del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, conocido como MILPA, ha hecho un llamado urgente y enérgico para detener la ejecución del megaproyecto denominado “Urbanización Biarritz”. Esta obra, situada en la zona de la cuenca del río Grande de San Miguel, es señalada por la organización indígena de provocar un "ecocidio" debido a los graves daños ambientales y las afectaciones al patrimonio cultural que estarían generándose en la zona.
Durante una conferencia de prensa recientemente celebrada, los representantes de MILPA identificaron a las empresas inmobiliarias Global Developers y Salazar Romero como las entidades vinculadas al desarrollo de este proyecto. Según la organización, las obras de construcción y urbanización están provocando la destrucción sistemática de ecosistemas críticos y están vulnerando espacios que son considerados parte fundamental del territorio ancestral del pueblo Lenca.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia se centra en la pérdida de cobertura vegetal. MILPA sostiene que ya se ha llevado a cabo la tala de más de 10 manzanas de bosque ribereño. Sin embargo, la preocupación de la organización se extiende hacia el futuro, ya que proyectan que la afectación total podría superar las 200 manzanas de bosque. Desde la perspectiva del movimiento indígena, la eliminación de esta vegetación no es un hecho aislado, sino que representa una amenaza directa que puede alterar el equilibrio ambiental de la cuenca del río Grande de San Miguel, una de las zonas hídricas más relevantes y vitales del oriente del país.
Además del impacto forestal, MILPA afirma que el proyecto ha afectado nacimientos de agua esenciales. Estas fuentes hídricas abastecen directamente a más de 300 familias residentes en el cantón Monte Grande. La organización advierte que el impacto negativo de la urbanización no se limita únicamente al perímetro donde se desarrollan las obras, sino que tiene el potencial de generar consecuencias devastadoras para todas las comunidades circundantes que dependen de los recursos hídricos de la zona para su subsistencia.
Paralelamente al daño ambiental, la organización denuncia una grave afectación al patrimonio arqueológico y cultural de la región. A través de un comunicado oficial, MILPA señaló que las excavaciones realizadas para la urbanización estarían dañando vestigios arqueológicos y diversos elementos del patrimonio material e inmaterial. Para el movimiento, estos elementos mantienen una relación histórica profunda con las comunidades originarias, y su destrucción representa un ataque a la memoria y la identidad cultural de los pueblos ancestrales.
Bajo esta premisa, MILPA sostiene que la defensa del territorio debe ser integral; no se trata únicamente de proteger los bosques o las fuentes de agua, sino de preservar la herencia histórica. Por ello, exigen que cualquier intervención en el territorio considere obligatoriamente tanto las características ambientales como la importancia cultural e histórica del área.
Ante la gravedad de los hechos, MILPA ha anunciado el inicio de una serie de acciones legales para buscar la protección del entorno. La organización presentará avisos formales ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que se inicien investigaciones sobre posibles delitos relacionados con el medio ambiente y la destrucción del patrimonio nacional.
Asimismo, el movimiento indígena solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Ambiental para lograr la suspensión inmediata de las obras mientras se determina el alcance real de los impactos denunciados. Como medida adicional, analizan la presentación de recursos de amparo, fundamentándose en el artículo 117 de la Constitución de la República, el cual establece que la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración y desarrollo de los recursos naturales son de interés social.
Finalmente, MILPA ha extendido un llamado a la solidaridad y la acción coordinada. Han solicitado el apoyo de organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientales, sectores académicos, comunidades locales y la diáspora salvadoreña para dar seguimiento a este caso. Específicamente, pidieron a los ambientalistas y académicos que contribuyan con análisis técnicos y auditorías sociales que ayuden a proteger la cuenca hidrográfica, exhortando a la población general a reflexionar sobre los efectos que el crecimiento de proyectos inmobiliarios puede tener sobre los recursos naturales y los territorios indígenas.
