El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Javier Milei, anunció este martes la decisión de ampliar las denuncias legales contra diversas empresas que estarían llevando a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de manera ilegal en la Plataforma Continental Argentina, específicamente en el entorno de las islas Malvinas. Esta medida representa una intensificación de las acciones emprendidas la semana pasada contra actores extranjeros que operan en la zona sin la debida autorización.
Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, el vocero presidencial Adrián Ravier detalló que se presentarán nuevas denuncias basadas en la violación de la Ley N°26.659. Esta normativa prohíbe explícitamente cualquier actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina que no cuente con la autorización correspondiente del Estado nacional. Según explicó el portavoz, el objetivo es sumar a nuevas compañías al grupo de aquellas que ya habían sido afectadas en la acusación previa, aunque en esta oportunidad no se revelaron los nombres de las nuevas entidades denunciadas.
En sus declaraciones, Ravier enfatizó la postura del Ejecutivo respecto a la disputa territorial, afirmando que para el gobierno actual es una "convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas". En este sentido, el vocero recordó la ocupación británica del archipiélago e insistió en el pedido realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no se lleven a cabo trabajos sobre dicho territorio.
Paralelamente a las acciones legales, el Gobierno informó sobre el avance de un proyecto de infraestructura estratégica: la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Se prevé que esta instalación esté finalizada para el año 2029 y tendrá como objetivos principales la incorporación de funciones logísticas, la vigilancia y el control de los recursos naturales, funcionando como un punto estratégico para la proyección del Estado en la zona.
Para garantizar la seguridad y operatividad de esta base, el Gobierno confirmó que contará con la custodia de aviones Lockheed P-3 Orion y cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. La compra de las aeronaves F-16 al Ministerio de Defensa danés, concretada en 2024, implicó una erogación total de US$301.200.000, monto que el Estado cancelará en cinco cuotas anuales. A esta inversión se sumarán otros US$350 millones destinados al equipamiento militar que será provisto por Estados Unidos, elevando el costo final de la operación a US$650 millones.
Al ser consultado sobre la justificación financiera de esta base, el vocero Ravier señaló que estas medidas cuentan con el aval de gran parte de la población y tienen como fin evitar que empresas extranjeras se apropien de recursos soberanos. "La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos", afirmó el funcionario.
Cabe recordar que, a principios de septiembre, el Gobierno ya había presentado una denuncia en la cual fueron imputadas 15 personas y empresas por actividades supuestamente ilegales. En aquel listado, que incluía principalmente a accionistas y firmas relacionadas, figuraban Shlomo Eliahu Holdings Ltda. (accionista israelí de Navitas Petroleum) y cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (ambos del Reino Unido), Smr Advisors Sam (Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (Israel). Navitas y Rockhopper son las empresas responsables del proyecto "Sea Lion", que tiene planificado iniciar perforaciones en los próximos meses y comenzar la extracción de hidrocarburos en 2028.
Asimismo, el proceso sancionatorio alcanzó a David Williamsom Dobson, ciudadano británico y presidente no ejecutivo de Borders & Southern. También fueron incluidos representantes de la compañía Eco, entre ellos el CEO y accionista Gil Holzman, así como los accionistas y directores Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, además de Alice Carroll (accionista y miembro) y Gabi Levin (accionista y CFO).
El listado de sancionados también contempla a la firma de Países Bajos Bluewater Energy Services BV y a la británica Bluewater Sea Lion Production Company Limited, ambas catalogadas como "proveedor estratégico de infraestructura". Finalmente, se sumó Noble Corporation UK Ltd., también del Reino Unido, en calidad de matriz de proveedor estratégico de infraestructura.
Todas estas medidas se enmarcan en el anuncio realizado por el presidente Javier Milei el pasado jueves 3 de septiembre durante una cadena nacional. En aquel discurso, el mandatario reivindicó la soberanía argentina sobre el archipiélago y anunció la implementación de acciones contra actores extranjeros sospechosos de realizar actividades ilegales, tanto en el sector de los hidrocarburos como en la pesca, habiendo mencionado inicialmente un listado de 45 entidades afectadas.
