¿Deberían los jubilados contribuir al ahorro fiscal del Estado? Esta es la polémica pregunta que hoy divide a Francia. El gobierno de centroderecha busca ahorrar 30 mil millones de euros, y la mira vuelve a recaer sobre las pensiones.
El ministro del Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha calificado esta medida como una "necesidad", sumándose a David Amiel, titular de Cuentas Públicas, y Roland Lescure, ministro de Economía. Ambos últimos han defendido la posibilidad de introducir un impuesto sobre los retiros mejor remunerados. Farandou sostiene que no resulta "anormal ni ilógico" pedir esfuerzos a los jubilados.
Sin embargo, el coste social de este recorte es profundo. Según la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (Drees), la pensión media mensual bruta en 2024 fue de mil 705 euros. El presupuesto destinado a retiros es el mayor capítulo de la protección social, con 370 mil millones de euros, lo que representa el 13,1 por ciento del PIB francés.
El problema es que limitar la evolución de estas prestaciones no afecta a todos por igual; golpea con mayor fuerza a quienes dependen casi exclusivamente de este ingreso. Datos de la Drees muestran que, entre quienes se jubilaron en 2020, la pobreza afectaba al 8,3 por ciento durante su primer año completo de retiro.
Además, hacer recaer el ajuste sobre las pensiones podría debilitar el consumo de millones de hogares. Esto ocurre en un momento crítico, donde la economía francesa proyecta un crecimiento de apenas el 0,4 por ciento para 2026, sin haber superado aún los efectos de la canícula, la sequía y los incendios de este verano.
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