El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) rechazó este lunes una serie de planteos presentados por Máximo y Florencia Kirchner, así como por las sociedades Hotesur y Los Sauces, en las cuales son accionistas. Los solicitantes buscaban suspender el avance del trámite de decomiso sobre sus bienes, medida que se enmarca en la condena impuesta a su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como "Vialidad".
En una resolución conjunta firmada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el tribunal denegó el pedido formulado por Luis Goldín, apoderado de los hijos de la ex mandataria. Goldín había solicitado que se suspendiera cualquier decisión relativa a la ejecución de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner hasta que se resolviera una queja previa destinada a frenar el proceso. En este punto específico, se encuentran comprometidas 19 propiedades que fueron recibidas ya sea por herencia o mediante cesión.
Esta medida judicial tiene como objetivo dar cumplimiento al decomiso de una suma millonaria, ascendente a 684.990.350.139,86 pesos. Dicha sanción fue impuesta como parte de la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta contra la ex presidenta, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y utiliza una tobillera electrónica.
Los jueces del TOF 2 fueron enfáticos al remarcar que la sentencia ya se encuentra firme. En su resolución, señalaron que las apelaciones presentadas sobre el monto del decomiso o sobre los bienes afectados no tienen el efecto de suspender el trámite de ejecución, ni impiden que se adopten las medidas necesarias para garantizar que la sanción sea eficaz. El tribunal subrayó que el propósito es ejecutar una sanción penal impuesta mediante una sentencia firme que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Durante el proceso, el abogado Goldín intentó argumentar que se debía suspender el avance sobre otros bienes y embargos, basándose en una comparación con un caso en la Cámara Civil y Comercial Federal. En aquel instance, se había pausado un reclamo millonario de honorarios de abogados que defendieron a los condenados en la causa Vialidad, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre la caducidad de instancia. Sin embargo, el TOF 2 descartó esta analogía, remarcando que se trata de temas jurídicos completamente diferentes.
De manera paralela, la Cámara Federal de Casación también rechazó una queja interpuesta por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Con esta decisión, quedaron firmes los embargos preventivos ordenados por el Tribunal en agosto pasado sobre una segunda tanda de bienes que la fiscalía exige decomisar. Entre los activos afectados se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, lugar donde la ex mandataria cumple su arresto domiciliario.
En el marco de la causa por delitos vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, la justicia ya ha dispuesto el decomiso de 111 bienes, los cuales se encuentran actualmente en proceso de tasación. Respecto a la segunda tanda de activos reclamados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los jueces concluyeron que los planteos sobre el monto o la selección de las propiedades no suspenden el trámite ni impiden la adopción de medidas precautorias para preservar la eficacia del proceso.
Otro punto de conflicto fue la objeción de la defensa de los hijos de la ex presidenta ante un pedido de informes realizado al Banco Galicia. La justicia buscaba ratificar la existencia de 5,5 millones de dólares secuestrados a Florencia Kirchner durante la investigación de la causa Hotesur, proceso en el cual ella resultó sobreseída. La entidad bancaria confirmó que el dinero permanece en cajas de seguridad franjadas. A pesar de que la defensa se opuso, el Tribunal rechazó el planteo, argumentando que la solicitud de datos fue meramente informativa y no implicó un desapoderamiento de fondos ni una decisión anticipada sobre su decomiso, aunque los fiscales consideran que dicho monto debe afectar la sanción.
Finalmente, el director titular de Hotesur SA y Los Sauces SA, Sebastián Sánchez, cuestionó que el Tribunal hubiera diferido el tratamiento de su pedido para suspender la ejecución. El TOF 2 respondió que las sociedades no han sido privadas de su derecho de defensa y que el requerimiento fiscal para decomisar bienes de estas empresas, presentado en febrero, sigue en trámite. Los magistrados aclararon que los embargos son decisiones de carácter cautelar que no cambian la titularidad registral de los bienes, no ordenan su venta y aún no resuelven si serán decomisados definitivamente.
