La Asamblea Nacional de Panamá ha dado un paso significativo en la gestión de la vulnerabilidad social con la aprobación en primer debate de una propuesta legislativa que busca regular la atención de las personas en situación de calle. El proyecto de ley 363, el cual fue fusionado con la iniciativa 17 presentada por el diputado Manuel Chen, plantea un marco normativo para el abordaje de esta población, permitiendo, bajo condiciones estrictas y excepcionales, el traslado involuntario a centros especializados.
El eje central de esta propuesta es la creación de un sistema de ingreso a centros de atención basado en dos vías distintas. Según explicó el diputado Ernesto Cedeño, representante de la bancada Seguimos y proponente de la iniciativa, el acceso a estos recintos se dará ya sea de manera voluntaria, por decisión de la persona afectada, o de manera involuntaria en casos plenamente excepcionales. Esta última medida solo podrá aplicarse cuando una evaluación médica profesional determine que el individuo representa un riesgo potencial, ya sea que pueda atentar contra su propia vida o contra la integridad de terceras personas.
Para evitar cualquier tipo de arbitrariedad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, el proyecto de ley establece un control judicial riguroso sobre los traslados involuntarios. La norma dispone que, una vez que una persona sea ingresada bajo esta modalidad, el caso deberá ser puesto a disposición de un juez de paz en un término no mayor a 24 horas. El objetivo de esta intervención judicial es que la autoridad competente analice la legalidad del procedimiento y valide que se cumplen los requisitos médicos y excepcionales necesarios para mantener la medida.
Asimismo, la legislación propuesta pone un límite temporal claro a la permanencia involuntaria en los centros especializados. El diputado Cedeño precisó que la norma establece un término máximo de tres meses para este tipo de estancias, asegurando así que la medida no se extienda de manera indefinida y mantenga su carácter de intervención asistencial y no punitiva.
En relación con la naturaleza de la ley, el diputado Cedeño fue enfático al aclarar que la intención del proyecto no es realizar operativos de limpieza urbana ni retirar a las personas de las calles sin brindarles un soporte real. En sus declaraciones, subrayó que esta medida no constituye una detención preventiva para la persona en situación de calle. Por el contrario, el propósito fundamental es brindar ayuda, educación, tratamiento médico y rehabilitación, con el objetivo final de lograr la reinserción efectiva de estas personas en la sociedad.
Otro aspecto fundamental de la propuesta es la necesidad de contar con datos precisos para diseñar políticas públicas eficientes. El proyecto de ley ordena la realización de un censo nacional para identificar la cantidad exacta de personas que viven en las calles en todo el territorio panameño y determinar cuáles son sus necesidades más urgentes. Actualmente, el país carece de un registro oficial y actualizado sobre esta población. No obstante, Cedeño señaló que existen datos preliminares que sugieren que en la ciudad capital hay no menos de 400 personas en esta condición.
El análisis geográfico preliminar indica que las provincias de Panamá y Colón son las zonas que concentran la mayor cantidad de casos de personas en situación de calle, aunque se reconoce que esta es una realidad presente también en diversos municipios del resto del país.
Para la ejecución de estas políticas, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) asumirá el liderazgo y la dirección de la política de atención. Esta labor no será aislada, sino que contará con la participación activa y coordinada de los ministerios de Gobierno y de Trabajo, además de los municipios y otras instituciones pertinentes. Los centros especializados encargados de recibir a estas personas deberán garantizar una oferta integral de servicios que incluya salud, alimentación, tratamientos específicos, educación y programas de reinserción social.
Con la reestructuración y fusión de los proyectos 363 y 17, el texto final ahora cuenta con el respaldo del primer debate, quedando a la espera de los procesos legislativos siguientes para su eventual conversión en ley.
