La opinión pública uruguaya ha puesto su atención sobre el apellido Cosella, vinculado recientemente a dos situaciones legales complejas: un millonario asalto a una entidad bancaria y una prolongada disputa por la propiedad de un terreno en la zona de Barros Blancos. La primera de estas situaciones ocurrió el pasado 24 de agosto, cuando un grupo de cinco delincuentes irrumpió en la sucursal del Banco República (BROU) en la localidad de Pando. El botín sustraído superó los 420.000 dólares, distribuidos en euros, dólares y pesos uruguayos.
Entre los implicados en este hecho se encuentra Alexander Cosella Cabrera, un hombre de 32 años que, hasta la fecha, permanece prófugo de la justicia. A pesar de que su abogado habría mantenido negociaciones con la Fiscalía para coordinar una posible entrega, el sospechoso aún no ha sido detenido. Sin embargo, el apellido Cosella ya era reconocido en la zona de Barros Blancos y sus alrededores, no por el reciente robo, sino por las actividades empresariales y los conflictos legales de Juan Cosella, padre de Alexander.
Juan Cosella se ha dedicado en los últimos años al sector automotriz, operando dos empresas: una automotora de vehículos usados y un desarmadero. El empresario posee un pasado vinculado a hurtos, aunque sostiene que logró una reinserción efectiva a través de sus negocios. No obstante, su trayectoria como empresario se ha visto empañada por una fuerte polémica relacionada con la adquisición del terreno donde funciona su desarmadero.
El conflicto territorial involucra a la familia de Ramón "Moncho" Sabella, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quienes radicaron una denuncia contra Cosella alegando que la compra y ocupación del terreno fueron ilegales. En dicho predio reside un matrimonio, Julio Rodríguez y su esposa Blanca, quienes fueron empleados de los Sabella durante el tiempo en que la familia explotaba la tierra y a quienes, posteriormente, se les dejó el terreno para su uso.
Las denuncias presentadas contra Juan Cosella son graves. Según el testimonio de Rodríguez, el empresario habría provocado la muerte de vacas holando utilizadas para la producción de leche, habría copado su vivienda e incluso el denunciante afirma haber sido atropellado por una moto. Asimismo, el matrimonio sostiene que la acumulación de esqueletos de autos alrededor de la casa impide el ingreso de patrulleros o ambulancias, y que la ubicación de los vehículos sobre los desagües de los baños provoca filtraciones de agua hacia el interior de la vivienda.
En este contexto, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en la que dio la razón a los denunciantes, determinando que la compra del terreno no fue legítima. La sentencia señala que Julio Rodríguez fue amedrentado con el objetivo de que cediera los derechos posesorios del lugar. El fallo también destaca el vínculo entre Cosella y un vecino llamado Fernández, quien fue la persona que informó a Rodríguez sobre una supuesta orden de desalojo.
Ante estas acusaciones, Juan Cosella decidió romper el silencio. El empresario afirmó haber actuado de buena fe y aseguró que nunca tuvo la intención de perjudicar a nadie, manifestando que siempre se ha presentado ante la Justicia cuando ha sido requerido. Respecto a su relación con Fernández, negó ser su socio o cómplice, aclarando que simplemente era un vecino que le ofreció la oportunidad de adquirir el predio para expandir su negocio.
Cosella también se refirió al rol de la escribana De los Santos, encargada de certificar la operación. El empresario explicó que fue Fernández quien le presentó a la profesional, ya que él no contaba con un escribano de confianza en ese momento. Sobre el vínculo con el matrimonio residente, afirmó que basó su negocio en la información de que los ocupantes habían trabajado para Sabella y que el terreno llevaba mucho tiempo abandonado, sin que los propietarios originales hubieran hecho reclamos previos.
En términos económicos, Cosella detalló haber pagado más de 49.000 dólares en dos cuotas, asegurando que parte de ese dinero llegó a manos de Rodríguez y su esposa, según documentos avalados por la escribana. Además, defendió la inversión realizada para recuperar las construcciones del predio, que según él se encontraban en estado ruinoso y con exceso de barro.
En relación a las denuncias de violencia, el empresario exhibió documentos que indican que los reclamos formales han sido archivados por la Fiscalía debido a la falta de elementos probatorios. Cosella insistió en que su actividad es formal y transparente, y recordó que en el pasado mantuvo una relación cordial con Rodríguez, llegando incluso a ayudarlo con reparaciones en su hogar.
Finalmente, sobre la situación de su hijo Alexander, Juan Cosella expresó que, aunque lo apoyará como padre, no justifica su conducta y reiteró que el joven debe entregarse a las autoridades para aclarar los hechos del robo al BROU. El empresario manifestó sentirse afectado por los comentarios en redes sociales y el señalamiento público, afirmando que no aceptará que su familia pague las consecuencias de conflictos que no provocaron.
