El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha cerrado una semana marcada por un avance legislativo significativo. El secretario de Estado recibió elogios en el Congreso tras el despacho de la ley que extiende el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas. Esta iniciativa, que tuvo su origen en senadores de Renovación Nacional (RN) y fue integrada en el "fast track" de la exministra Carolina Tohá, fue finalmente recogida e impulsada por el actual Gobierno en su etapa final de tramitación.
Si bien Rabat ha mantenido una colaboración activa en los proyectos vinculados a la seguridad pública, el abogado se prepara ahora para centrar sus esfuerzos en la agenda sectorial de Justicia, área en la que posee un interés particular. Entre sus prioridades inmediatas destaca la creación de una agencia dedicada a la administración y liquidación de bienes, así como el impulso a la reforma de la Ley de Responsabilidad Parental y la esperada reforma al gobierno judicial. Asimismo, el ministro proyecta la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, un ambicioso plan que pretende extender su cobertura desde Arica hasta la Región de Valparaíso.
Uno de los puntos más sensibles de su gestión son los indultos, un tema que el propio ministro describe como una "piedra en el zapato". Ante la presión ejercida por sectores de su propio arco político, incluyendo a libertarios, republicanos y algunos miembros de la UDI, Rabat ha sido enfático en que no se siente incómodo con dichas demandas, pero reafirma que no será el "freno de mano" por capricho, sino por rigor procesal. El ministro sostiene que se tomará el tiempo necesario para realizar una revisión exhaustiva, caso por caso, basándose en expedientes administrativos y requerimientos de información previos a cualquier decisión.
En respuesta a quienes lo señalan en privado como un "cuello de botella" o critican su supuesta falta de valentía para indultar a exuniformados condenados por hechos del estallido social, Rabat respondió con firmeza: "Soy abogado y juré respetar la Constitución y la ley. En eso no me voy a mover un solo milímetro". El secretario de Estado subrayó que su actuar se ajusta estrictamente al marco legal y que la adquisición de convicción requiere un análisis técnico previo.
En paralelo, el ministro abordó la tensa relación entre el Poder Judicial y Gendarmería, particularmente tras el conflicto por el traslado de los imputados del Clan Chen a la cárcel de Talca. Rabat defendió la necesidad de que los jueces de garantía apliquen el "principio de deferencia", reconociendo que Gendarmería es un órgano técnico especializado en seguridad pública. Según el ministro, decisiones administrativas y técnicas sobre la segregación penitenciaria no deberían supeditarse a criterios como el arraigo familiar en casos de delitos graves.
Sobre este punto, Rabat valoró el fallo de la Corte de Iquique que revocó la decisión de un juez de garantía, señalando que dicha sentencia reconoce la relevancia de los aspectos técnicos de seguridad. Aunque evitó pronunciarse sobre el fondo de la sentencia para no interferir en procesos judiciales, coincidió en que los jueces deben atenerse a la ley y reconocer que el Director de Gendarmería posee la competencia técnica para decidir la ubicación de internos peligrosos, asegurando así la seguridad del país y de los propios reclusos.
Respecto a la reforma constitucional de seguridad liderada por el ministro Arrau, Rabat aclaró que, aunque no firmó el mensaje original porque no estaba contemplado en el protocolo de firmas, no tiene reparos de fondo. El ministro apoyó la idea de "blindar" ciertas facultades en el orden constitucional, aunque señaló que el ejemplo de la Corte de Iquique demuestra que, incluso con la Constitución actual, es posible fallar a favor de la seguridad técnica. No obstante, admitió que la Constitución debe ser receptora de las nuevas realidades del crimen organizado y que es legítimo debatir cómo hacer esos ajustes.
Finalmente, Rabat detalló el proceso de traslado de Gendarmería hacia el Ministerio de Seguridad Pública. Explicó que actualmente existe una dualidad administrativa debido a normas transitorias, pero que se está trabajando en la Ley Orgánica de Gendarmería y en la creación del Servicio de Reinserción Social de adultos, leyes que espera estén listas entre septiembre y octubre. El objetivo final es que Gendarmería quede totalmente alojada en el Ministerio de Seguridad, operando bajo un modelo de "policía carcelaria" y dejando de reportar al Ministerio de Justicia.
