La Policía Nacional ha ejecutado esta mañana el traslado de 864 migrantes desde los exteriores de Loma Colmenar hacia un nuevo centro de acogida ubicado en Los Rosales, en el barrio de La Reina. El operativo, que consistió en un desplazamiento de aproximadamente dos kilómetros, se desarrolló de manera voluntaria y sin incidentes, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El nuevo espacio consiste en una serie de carpas habilitadas en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda, situada junto a la antigua prisión de Los Rosales.
La operación ha sido coordinada directamente por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien se encuentra en la ciudad desde el jueves, y por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien actúa como autoridad funcional. El objetivo principal del Gobierno central es agilizar los procesos de filiación para avanzar en los expedientes administrativos de los migrantes. Al respecto, Ángel Víctor Torres ha subrayado que el propósito de estos centros es realizar las identificaciones lo antes posible para proceder a la devolución a sus países de origen de aquellas personas que no cumplan con el orden y el derecho internacional.
En términos de capacidad, el Gobierno trabaja para habilitar, a la mayor brevedad, un espacio adicional en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek destinado a más de 300 mujeres con menores. Con la apertura del centro de Los Rosales este domingo, el número de plazas habilitadas asciende a unas 4.300, con la previsión de superar las 6.000 plazas temporales en fechas próximas. Desde el Ejecutivo se ha destacado que, desde el pasado 10 de agosto, 5.321 personas han retornado voluntariamente a Marruecos, insistiendo en que el objetivo final es devolver la normalidad a la ciudad.
Sin embargo, el operativo no ha estado exento de fricciones. El desplazamiento de los migrantes generó momentos de incertidumbre y confusión entre quienes permanecían en Loma Colmenar, ya que muchos pensaban que el traslado no era hacia otro centro de acogida, sino que se trataba de un retorno inmediato a Marruecos.
Paralelamente, la situación ha escalado en el ámbito de la gestión municipal. El Gobierno de Ceuta ha solicitado el desalojo urgente de un asentamiento situado junto al muro perimetral de la desalinizadora, en la playa Benítez. A través de un informe técnico de la Dirección Técnica de Aguas de Ceuta, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha alertado sobre el incremento de tiendas y refugios en una zona crítica para el sistema de captación de agua potable de la ciudad. La administración local sostiene que es imperativo preservar la limpieza, seguridad y accesibilidad de esta infraestructura estratégica, solicitando a la Delegación del Gobierno la retirada de enseres y la implementación de medidas de vigilancia para evitar nuevas ocupaciones.
Alejandro Ramírez, vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta y consejero de Medio Ambiente, ha calificado la situación actual como "caótica" y ha comparado la ciudad con una "olla a presión que en cualquier momento puede explotar". Ramírez ha criticado duramente al Gobierno central por no disponer de una cifra exacta de los migrantes que permanecen en la ciudad, lo que, según él, genera una gran incertidumbre en la toma de decisiones.
Mientras el Gobierno habla de plazas y retornos, el vicepresidente ceutí estima que el número de personas podría superar las 10.000. Para respaldar esta cifra, Ramírez señala que en la playa del Trampolín se reparten entre 4.000 y 4.500 comidas diarias, a las que se suman unas 3.000 personas en emplazamientos y otras 1.000 que acuden a puntos de alimentación gestionados por entidades locales. A esto debe añadirse la situación de los menores no acompañados; mientras la ministra Sira Rego informó de 2.100 menores acogidos, el vicepresidente estima que aún quedan cerca de 1.000 más por recoger.
La inseguridad también ha sido un punto crítico en las declaraciones de Ramírez. Según el vicepresidente, las llamadas al 112 han subido exponencialmente, con incrementos de entre el 600% y el 2.000% en comparación con el año anterior, reportando incendios, reyertas y ocupaciones de viviendas. Incluso ha mencionado un apuñalamiento ocurrido recientemente en el Trampolín y un aumento superior al 1.000% en las intrusiones en instalaciones portuarias.
Finalmente, la tensión se ha extendido a la ubicación de los centros. Ramírez explicó que se opusieron a la instalación de carpas en el puerto basándose en informes técnicos de seguridad. En su lugar, la ciudad propuso un terreno del Estado cercano a la cárcel nueva, con capacidad para 1.000 o 2.000 personas, al estar alejado de núcleos urbanos y zonas residenciales. El vicepresidente ha concluido demandando que el Gobierno fije una fecha y un procedimiento claro para las devoluciones a Marruecos, afirmando que Ceuta no puede convertirse en una "lanzadera" de inmigración hacia el resto de España o Europa.
