La agenda de las consultas dirigidas a Luis Caputo, y a otros funcionarios del Gobierno, ha sufrido un desplazamiento significativo. Ya no predomina la preocupación por el crecimiento económico anual ni por el impacto del modelo libertario en los sectores más vulnerables, sino que ha emergido una duda más profunda y estructural: la viabilidad de la reelección de Javier Milei el próximo año. Para los empresarios locales y aquellos interesados en invertir desde el exterior, la incertidumbre radica en si el costo del ajuste y la falta de evidencias sobre el despegue económico prometido podrían obligar al mandatario a dejar el cargo.
Desde el ala política del Gabinete, este interrogante se traduce en una preocupación concreta sobre la posibilidad de que el kirchnerismo, ya sea en su versión más pura o a través de algún dirigente renovado, regrese a la Casa Rosada. Aunque existiría el deseo de que surja una tercera opción política, el oficialismo trabaja activamente para impedir dicha alternativa. Voces dentro del círculo libertario advierten que los próximos meses serán vitales para consolidar el relato político antes de entrar en el año electoral.
En el entorno gubernamental confían en que la ciudadanía, incluso aquellos que han perdido capacidad adquisitiva, rechazaría un regreso al pasado. El ministro Caputo sostiene que Milei logrará un triunfo contundente en las urnas, una postura que no solo representa una convicción, sino una necesidad estratégica; un mercado que perciba riesgo de reelección o la posibilidad de un retorno kirchnerista podría replegarse y afectar la estabilidad económica.
Para mitigar estos riesgos, el Banco Central ha tomado recaudos específicos. El Ministerio de Economía otorgó recientemente mayor capacidad operativa a la entidad mediante un canje de bonos en pesos por letras atadas al tipo de cambio, por un monto de hasta 2.000 millones de dólares. Esta medida busca permitir que el Banco Central intervenga en el mercado para frenar posibles tensiones cambiarias. El blindaje frente a corridas es una obsesión compartida entre el Presidente y su ministro, basada en experiencias previas: el proceso de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y una crisis reciente que requirió la intervención de Estados Unidos durante el proceso electoral.
En la Residencia de Olivos, el Gobierno sostiene que la oposición intenta desestabilizar la gestión utilizando la cotización del dólar como herramienta. A pesar de esto, la desconfianza social y de los mercados persiste, mientras la popularidad del Presidente atraviesa un periodo complejo, influenciado por su estilo provocador y desafiante. Recientemente, el Gobierno intentó recuperar la iniciativa política a través de una cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas, un recurso que Patricia Bullrich sugirió explotar, aunque reconoció que este tema es distinto a las necesidades económicas urgentes de la población.
Internamente, el clima en el Gabinete es de tensión. Javier Milei ha rechazado advertencias sobre el descontento social y se opone a cualquier cambio en las reglas económicas para reactivar el consumo. El mandatario ha manifestado su malestar al detectar que algunos funcionarios filtran conceptos que contradicen su discurso oficial, advirtiendo que cualquier vocero que lo contradiga será removido de su cargo. Asimismo, ha pedido colaboración para combatir el accionar del periodismo, una disputa que el Presidente ha convertido en un eje central de su gestión.
En materia económica, el Gobierno celebró la baja de la inflación en agosto, que se situó en 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses. Esto arroja una inflación acumulada del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% interanual, contrastando con el 211% heredado de la gestión anterior. Sin embargo, este logro convive con indicadores negativos: el Indec reveló que la construcción cayó un 4,5% interanual y la producción industrial bajó un 4,9% respecto a julio de 2025.
El impacto social se refleja en la caída de la cantidad de empleadores y en el aumento de la canasta básica, que subió un 2,6% en agosto. Una familia tipo requiere hoy ingresos de 1.605.497 pesos para no ser pobre, lo que ha derivado en un incremento de la morosidad, punto que incluso ha sido mencionado por el FMI.
En el plano político, la oposición ha comenzado a coordinar acciones. Recientemente, en la Cámara de Diputados, se logró sesionar para discutir proyectos sobre morosidad y la Emergencia en Discapacidad. Este movimiento coincidió con un encuentro de figuras peronistas en el homenaje a José Manuel de la Sota, donde se reunieron Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Victoria Tolosa Paz, Gerardo Zamora y el banquero Jorge Brito.
Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof mantiene una postura cautelosa, distanciado de los Kirchner, quienes trabajan para marginarlo de la competencia presidencial. Cristina Kirchner, tras una presentación ante la ONU por su condena, evalúa una posible precandidatura. Según el abogado Javier Borrego, existiría una ventana legal que permitiría su postulación en las primarias, a pesar de la inhabilitación perpetua derivada de su condena a seis años de prisión por corrupción.
