El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha presentado una propuesta formal en el marco de su solicitud de delegación de facultades legislativas, con el objetivo central de robustecer las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. La medida principal contempla la creación de un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, una herramienta diseñada para sistematizar la información disponible sobre estos grupos y optimizar la capacidad de respuesta institucional.
De acuerdo con la información proporcionada por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), este nuevo registro no se limitará a una lista nominal, sino que permitirá la identificación y el análisis de datos críticos sobre el funcionamiento de estas organizaciones. Entre la información clave que se pretende sistematizar se encuentran la estructura de mando de los grupos, la identidad de sus integrantes, las zonas geográficas donde desarrollan sus actividades y las modalidades delictivas que emplean. Asimismo, el registro buscará detallar las redes de apoyo, las capacidades operativas, los recursos financieros y la logística de estas organizaciones, haciendo especial énfasis en sus vinculaciones tanto a nivel nacional como en el ámbito transnacional.
Para complementar esta base de datos, el Poder Ejecutivo plantea la implementación de un mecanismo especial de coordinación inserto en el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Este esquema de articulación tiene como finalidad coordinar los esfuerzos y el flujo de información entre tres entidades fundamentales: la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Sobre este punto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, subrayó que la delegación de facultades legislativas es fundamental para fortalecer la lucha contra delitos específicos como la extorsión y el sicariato. Galarreta señaló que una de las metas es la creación de un comando de inteligencia que tome como referencia el modelo del histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Este nuevo comando tendría la capacidad técnica y operativa para anticiparse a la comisión de delitos y ejecutar acciones efectivas para desarticular las redes criminales antes de que operen.
En paralelo a las medidas de inteligencia, el proyecto de ley incluye una estrategia enfocada en el uso de la tecnología y las telecomunicaciones. Se propone modificar el marco legal vigente en el sector de las telecomunicaciones para brindar a las unidades policiales un acceso más ágil y eficiente a la información de localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles. Esta medida estaría estrictamente vinculada a investigaciones en curso sobre delitos de extorsión, secuestro y sicariato.
Además, la propuesta contempla la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas que permitan a las fuerzas del orden identificar patrones de comunicación. Estos patrones serían analizados para detectar rutas de sicariato, redes de extorsión y estructuras vinculadas a la minería ilegal. El objetivo es que la Policía Nacional y las unidades de inteligencia puedan analizar las interacciones de las organizaciones criminales para localizar sus puntos principales de coordinación y operación.
El Gobierno ha sido enfático al señalar que el uso de estas herramientas tecnológicas estará orientado exclusivamente a la trazabilidad física de las actividades delictivas. En ese sentido, se ha aclarado que estas facultades no implican el acceso al contenido de las conversaciones privadas de los ciudadanos. El proyecto establece que la aplicación de estas medidas deberá garantizar en todo momento el respeto a los derechos constitucionales y la privacidad de las personas.
Finalmente, la propuesta busca optimizar la relación con las empresas operadoras de telecomunicaciones, fortaleciendo los procesos de conservación y entrega de información técnica necesaria para las investigaciones. Asimismo, se plantea mejorar los sistemas de detección, corte y bloqueo de señales móviles y comunicaciones ilegales que se originan desde el interior de los establecimientos penitenciarios o centros juveniles, cerrando así un canal crítico de coordinación criminal.
