Marisel Henríquez Aguayo, quien anteriormente se desempeñó como dirigenta de la agrupación habitacional denominada “Por un Futuro Mejor”, acudió a las dependencias de La Prensa Austral con el objetivo primordial de limpiar su nombre y desmentir las acusaciones que rodean a la entidad que lideró. La exdirigenta manifestó su categórica negativa ante cualquier supuesto aprovechamiento personal o intención de la agrupación de perjudicar a quienes postulaban a la obtención de una vivienda propia.
El acercamiento de Henríquez Aguayo a la redacción periodística surge tras la difusión de informaciones sobre una investigación judicial en curso. Si bien en las publicaciones previas no se había identificado a personas específicas, la mujer manifestó haberse percatado de las declaraciones emitidas por la fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, así como de las diligencias que actualmente lleva a cabo la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).
La investigación liderada por el Ministerio Público se centra en una presunta estafa que habría afectado, al menos, a 300 personas. Según los antecedentes que maneja la fiscalía, las víctimas habrían sido contactadas para realizar pagos iniciales de un millón de pesos por persona, monto que supuestamente estaba destinado a cubrir los trámites conducentes para la obtención de una casa propia. Sumado a este pago inicial, los afectados debieron cancelar cuotas mensuales para mantener su proceso.
Sin embargo, el sueño de la vivienda propia nunca se concretó. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, todo el proceso se trató de una estafa organizada. Todas las personas víctimas de este engaño pertenecieron a la agrupación habitacional “Por un Futuro Mejor”. La situación se agravó para los postulantes cuando intentaron retirarse de la organización, ya que, según los reportes, el dinero entregado nunca les fue devuelto.
Ante este escenario, Marisel Henríquez Aguayo fue enfática al preguntar: “¿De qué estafa me hablan?”, cuestionando la vinculación de su persona con los hechos denunciados. La primera y más importante aclaración realizada por la exdirigenta fue respecto a la temporalidad de los cobros. Henríquez sostuvo que, para el momento en que se efectuaron los cobros de dinero a los postulantes, ella ya no formaba parte de la cuestionada agrupación habitacional.
Más allá de la negación de los hechos económicos, Henríquez Aguayo atribuyó los cuestionamientos en su contra a lo que ella define como un “acoso político”. Según la versión entregada por la mujer, esta situación no es un hecho aislado ni reciente, sino que es el resultado de una persecución que se habría originado hace tres años.
La exdirigenta señaló directamente a la consejera regional Roxana Gallardo como la impulsora de estas acusaciones. Según el relato de Henríquez, todo comenzó en el año 2022, cuando la consejera regional se enteró de que ella y su hija estaban formando una agrupación habitacional. En ese periodo, afirmó que Gallardo habría incitado a la población asegurando que ellas eran “unas estafadoras”.
Esta percepción de persecución ha generado en Marisel Henríquez un estado de profunda desconfianza hacia su entorno. La mujer aseguró que el acoso ha sido constante durante los últimos tres años, lo que la ha llevado a temer por su integridad física y la de su núcleo familiar.
En un cierre dramático de su declaración, la exdirigenta manifestó un temor extremo, llegando a afirmar: “Incluso pienso que hasta me pueden mandar a matar. Lo digo así y ojalá lo coloque así, porque con mi hija arriesgamos a que nos pueda pasar algo”. Con estas palabras, Henríquez Aguayo dejó constancia de que siente que su vida y la de su hija corren peligro debido a las tensiones y acusaciones que envuelven este caso.
