La Comisión de Marina del Senado se encuentra actualmente analizando un punto de acuerdo legislativo cuyo objetivo principal es exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a proporcionar información detallada sobre el estado de las investigaciones relacionadas con el denominado "huachicol fiscal". El punto central de este requerimiento es esclarecer si el exsecretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, ha comparecido o emitido alguna declaración dentro de estas indagatorias, o si, por el contrario, la autoridad ha enfrentado dificultades para localizarlo.
Dentro del marco de este documento legislativo, se plantea que el Senado haga un llamado formal a la FGR para que informe específicamente sobre el procedimiento penal vinculado a Fernando Farías Laguna. La solicitud busca determinar si, en el transcurso de dicho proceso, existió o existe alguna determinación de carácter ministerial o jurisdiccional que haya requerido la declaración, el testimonio o la comparecencia del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Para brindar una mayor claridad sobre la situación jurídica del exfuncionario, el punto de acuerdo solicita que la Fiscalía General de la República precise diversos aspectos técnicos y legales, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites permitidos por la legislación vigente. Entre los puntos solicitados destaca la necesidad de definir la calidad jurídica bajo la cual el almirante Ojeda Durán habría sido requerido para participar en las investigaciones.
Además de la calidad jurídica, el Senado busca conocer los pormenores operativos de las notificaciones. En este sentido, se solicita a la FGR que informe si se llevaron a cabo actuaciones administrativas o judiciales encaminadas a hacer del conocimiento del exsecretario de Marina el requerimiento de su comparecencia. Asimismo, se pide que la Fiscalía confirme si dicha notificación pudo ser realizada de manera legal y formal, y que detalle cuál es el estado procesal actual que guarda dicha actuación en el expediente correspondiente.
El impulsor de este punto de acuerdo es el senador Rolando Zapata Bello, quien solicita que la Fiscalía General de la República esclarezca de manera pública las diversas versiones que han circulado respecto a una supuesta imposibilidad de localizar al exsecretario de Marina. El senador enfatiza que esta aclaración debe realizarse con cautela, asegurando que no se revelen datos sensibles o actuaciones que pudieran comprometer la integridad de la investigación en curso, el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia o los derechos de terceras personas involucradas.
Más allá del caso particular del exsecretario de Marina, el planteamiento legislativo amplía su alcance para solicitar un informe general sobre el estado de las investigaciones relacionadas con las redes de contrabando, dispersión y distribución ilícita de combustibles que se realizan por vía marítima. En estas indagatorias, la FGR analiza la probable participación de diversos actores, incluyendo a particulares, servidores públicos y exservidores públicos, quienes podrían estar vinculados a estas actividades ilegales.
Finalmente, el documento presentado ante la Comisión de Marina contempla la posibilidad de que existan restricciones legales sobre la información solicitada. Por ello, se establece que, en el caso de que algún dato se encuentre legalmente reservado, la Fiscalía General de la República deberá indicarlo explícitamente, señalando el fundamento jurídico preciso que impida la divulgación de dicha información al cuerpo legislativo.
Este proceso de análisis en el Senado busca dar transparencia a las investigaciones sobre el huachicol fiscal y determinar el nivel de avance en el esclarecimiento de las responsabilidades de quienes formaron parte de la administración marítima y el sector público en relación con el tráfico ilícito de combustibles.
