En una jornada marcada por la tensión política, los diputados Victoria Tolosa Paz, representante de Unión por la Patria, y Lisandro Almirón, integrante de La Libertad Avanza, protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante una emisión del canal TN. El debate se centró en dos ejes neurálgicos de la agenda actual: el alarmante nivel de morosidad que afecta a la población argentina y la reciente decisión judicial de suspender la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El conflicto se inició cuando Tolosa Paz puso el foco en la situación financiera de los ciudadanos, asegurando que casi la mitad de la población se encuentra en estado de endeudamiento. La legisladora opositora brindó cifras concretas para respaldar su postura, señalando que existen 21 millones de personas endeudadas, de las cuales 6 millones se encuentran en situación de mora. Según la diputada, este escenario refleja una falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo, al cual acusó de "esquivar" la problemática mientras la ciudadanía sufre las consecuencias.
Tolosa Paz fue tajante al vincular esta situación con la gestión económica del Gobierno. Afirmó que aquellos ciudadanos que logran cumplir con sus pagos lo hacen bajo "restricciones enormes", interpretando este fenómeno como un síntoma claro de la falla del plan económico impulsado por el Presidente. En un tono crítico, sostuvo que el mandatario "va a morir con las botas puestas" y reclamó que el Parlamento intervenga para proponer soluciones que, a su criterio, podrían implementarse sin afectar el costo fiscal ni utilizar fondos del Estado nacional, sugiriendo en su lugar otorgar un mayor peso al Banco Central.
Por su parte, el diputado Lisandro Almirón salió al cruce de las declaraciones de la opositora, calificando de "falaz" y "mentira" la afirmación de que uno de cada dos argentinos esté endeudado. Almirón argumentó que la lectura de Tolosa Paz es un análisis "muy segmentado" que ignora la profundidad y la complejidad del problema. El legislador oficialista explicó que la cadena de crédito involucra no solo a la Nación, sino también a provincias y municipios.
En su argumentación, Almirón subrayó que el crédito no opera únicamente en el mercado formal regulado por el Banco Central (BCRA), sino que existen entidades como las mutuales que aplican descuentos de hasta el 30% sobre los salarios, afectando principalmente a empleados del sector público. Asimismo, criticó la gestión anterior, refiriéndose a lo que denominó un "festival de subsidios" y al "plan platita", contrastándolo con los controles que el actual Gobierno está implementando.
El diputado de La Libertad Avanza también defendió la gestión económica resaltando la baja de la inflación, un punto que considera que recibe muy poco mérito. Almirón señaló que la responsabilidad de la crisis crediticia también recae en los gobernadores, intendentes y bancos provinciales, quienes, según sus palabras, no eliminan el impuesto a los Ingresos Brutos ni revisan las tasas y los impuestos al sello.
El clima de confrontación escaló cuando Tolosa Paz cuestionó la coherencia del bloque oficialista, preguntando por qué votaron a favor del emplazamiento sobre la morosidad si negaban la gravedad del problema. Almirón respondió con ironía, haciendo referencia a Enrique “Pepe” Albistur, pareja de la legisladora, mencionando que quienes "comían pochoclos" al inicio de la gestión libertaria son ahora quienes pretenden ofrecer las "soluciones de siempre". A esto, Tolosa Paz respondió en tono de broma que le pasaría el número de Albistur para "arreglar el tema de los pochoclos".
Finalmente, el debate giró hacia la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil impulsado por el oficialismo. La magistrada fundamentó su medida en su oposición a que los menores permanezcan "enrejados", lo que provocó que diversos sectores solicitaran juicios políticos contra ella.
Almirón defendió estas denuncias, afirmando que la jueza desconoció una ley aprobada por ambas cámaras y que trató la gravedad del asunto con "mucha liviandad", comparando su actitud con la de una "maestra de preescolar dando un curso de buena conducta". Para el diputado, el régimen es fundamental y fue debatido exhaustivamente por profesionales.
En sentido contrario, Tolosa Paz respaldó la medida de la jueza Pascual, argumentando que la suspensión es acertada. Sostuvo que, para que la ley sea efectiva y se pueda bajar la edad de punibilidad, es imprescindible que el Estado garantice la transferencia de recursos a las 23 jurisdicciones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legisladora sentenció que el país debe ser serio y asegurar que los lugares de encierro para jóvenes de 14 años que cometen hechos graves estén en condiciones adecuadas antes de aplicar la norma.
