Un intenso intercambio dialéctico tuvo lugar este miércoles por la noche entre los diputados Victoria Tolosa Paz, representante de Unión por la Patria, y Lisandro Almirón, integrante de La Libertad Avanza. El enfrentamiento se centró en dos ejes principales: el estado de la morosidad en Argentina y la reciente suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El conflicto comenzó cuando la legisladora opositora Victoria Tolosa Paz abordó la situación financiera de los ciudadanos argentinos durante una intervención en TN. La diputada sostuvo que el Ejecutivo Nacional ha intentado evadir la derrota frente a una oposición que viene señalando la urgencia de brindar respuestas sobre el endeudamiento y la morosidad, temas que forman parte de la convocatoria parlamentaria. En este sentido, Tolosa Paz manifestó que su mayor preocupación no reside en la derrota política dentro del Parlamento, sino en la situación de la población, asegurando que existen 21 millones de personas endeudadas, de las cuales 6 millones se encuentran en situación de mora.
La legisladora fue tajante al afirmar que quienes logran cumplir con sus pagos lo hacen mediante "restricciones enormes". Para Tolosa Paz, este escenario es un registro claro de la falla del plan económico implementado por el Presidente, señalando que el mandatario "va a morir con las botas puestas". Como alternativa, sugirió que el Parlamento debe definir soluciones que no afecten el costo fiscal ni requieran fondos del Estado nacional, sino que otorguen un mayor peso y rol al Banco Central.
Por su parte, el diputado oficialista Lisandro Almirón rechazó categóricamente las cifras presentadas por la opositora. Almirón calificó como "falaz" y "mentira" la afirmación de que uno de cada dos argentinos esté endeudado, argumentando que se está realizando un análisis muy segmentado de un problema que es mucho más profundo. El legislador de La Libertad Avanza explicó que la cadena de endeudamiento involucra no solo a la Nación, sino también a provincias y municipios.
En su análisis, Almirón destacó que el crédito no se limita al mercado formal regulado por el BCRA, sino que incluye a entidades como las mutuales, las cuales aplican códigos de descuento de hasta un 30% sobre el sueldo disponible de los empleados, especialmente los del sector público. Asimismo, criticó la gestión anterior, haciendo referencia a un pasado de "festival de subsidios" y al denominado "plan platita", asegurando que actualmente se está llevando a cabo un control estricto.
El diputado oficialista también reivindicó la gestión de su espacio, señalando que LLA logró avanzar en diversos proyectos a pesar de contar inicialmente con solo 37 diputados. Almirón lamentó que se le otorgue poco mérito a la baja de la inflación y apuntó contra los gobernadores, intendentes y bancos provinciales, acusándolos de no eliminar los impuestos al sello ni los ingresos brutos, ni de discutir las tasas vigentes.
El clima de tensión derivó en un intercambio de ironías. Ante el cuestionamiento de Tolosa Paz sobre por qué el oficialismo votó a favor del emplazamiento por morosidad, Almirón respondió haciendo referencia a Enrique “Pepe” Albistur, pareja de la legisladora, comentando que quienes "estaban comiendo pochoclos" al inicio de la gestión son los mismos que ahora pretenden tener todas las soluciones. La diputada respondió en tono de broma que debería pasarle el número de Albistur para "arreglar el tema de los pochoclos".
Finalmente, el debate se trasladó a la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, una medida impulsada por el Gobierno. La magistrada fundamentó su decisión en su desacuerdo con que menores de edad permanezcan "enrejados", lo que provocó que diversos sectores solicitaran juicios políticos contra ella.
Lisandro Almirón defendió estas denuncias, asegurando que la jueza desconoce una ley aprobada por ambas cámaras y que ha tratado el tema con "mucha liviandad", comparando su actitud con la de una "maestra de preescolar dando un curso de buena conducta". El diputado subrayó que la ley es fundamental y fue debatida por numerosos profesionales.
En sentido contrario, Victoria Tolosa Paz respaldó la suspensión temporal, calificando la decisión de la jueza Pascual como acertada. La legisladora argumentó que, dentro del plazo de 180 días, el Estado debía garantizar la transferencia de recursos y las condiciones físicas de los lugares de encierro en las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente para aquellos jóvenes de 14 años que hayan cometido delitos graves, asegurando que el país debe ser "serio" en la gestión de estos recursos.
