El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) ha formalizado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la exalcaldesa de la urbe, Mónica Eva Copa Murga, y otros siete exservidores públicos que formaron parte de su administración. Esta acción legal fue emprendida por la actual gestión municipal tras la detección de presuntas irregularidades financieras relacionadas con el sobreprecio y el desembolso indebido de más de 2,1 millones de bolivianos a favor de la Empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trébol S.A.), compañía responsable del servicio de aseo urbano y recojo de basura en el municipio.
La confirmación de este proceso judicial fue brindada por Ever Erwin Apaza Gonzales, asesor del área penal dependiente de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección General de Asuntos Legales (DGAL). Según explicó el jurista, la denuncia ha sido admitida y no solo alcanza a la exalcaldesa, sino que se extiende a exfuncionarios que desempeñaron cargos como secretarios municipales, directores y abogados de la entidad edil. Apaza señaló que, durante la presente semana, se están estableciendo las directrices de investigación correspondientes para que los implicados sean citados a declarar ante el Ministerio Público.
El núcleo de la denuncia radica en una presunta maniobra administrativa mediante la cual se aplicó un aumento de tarifas con carácter retroactivo a un servicio que ya había sido concluido. De acuerdo con los registros analizados por la actual administración, la planilla correspondiente al recojo de basura del mes de marzo de 2026 había sido fijada originalmente en un monto de 15,4 millones de bolivianos. No obstante, el 24 de abril se firmó una modificación al contrato que permitió a la gestión anterior reliquidar el pago de ese mismo mes de marzo con un precio elevado.
Como resultado de esta modificación contractual, la empresa Trébol S.A. recibió un pago final de 17,5 millones de bolivianos por el servicio de marzo, lo que generó un daño económico directo al erario municipal superior a los 2,1 millones de bolivianos. Esta diferencia económica es la que fundamenta la acción legal interpuesta por el GAMEA.
Sobre la mecánica administrativa utilizada para concretar este pago, Ever Erwin Apaza detalló que existen procedimientos establecidos para la ejecución de desembolsos. En este caso particular, afirmó que la exalcaldesa y sus colaboradores realizaron un pago que ya no correspondía legalmente. Para justificar dicha transacción, habrían presentado lo que el asesor penal denominó un "amarre", consistente en una conciliación o cuadre de cifras mediante el cual pretendían establecer que era viable realizar pagos retroactivos. Esta acción permitió elevar la suma económica en más de 2 millones de bolivianos, un monto que no estaba reflejado en el presupuesto anterior y para el cual, según la denuncia, no existía disponibilidad presupuestaria.
Desde el punto de vista jurídico, la acción legal se sustenta en la presunta comisión de dos delitos tipificados en el Código Penal boliviano: Incumplimiento de Deberes, según el Artículo 154, y Conducta Antieconómica, conforme al Artículo 224. La acusación sostiene que los exfuncionarios forzaron la realización de los pagos ignorando los rechazos emitidos por el Ministerio de Economía y omitiendo la certificación de disponibilidad presupuestaria, requisito indispensable para cualquier desembolso público.
El asesor legal enfatizó que el daño económico al municipio se produjo al suscribir un contrato con Trébol S.A. que no siguió los plazos procedimentales exigidos por la normativa vigente. Al saltarse estos pasos y forzar la reliquidación de tarifas, se habrían comprometido fondos públicos de manera irregular.
Actualmente, el proceso penal se encuentra en sus etapas preliminares. La representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto ya ha solicitado formalmente la asignación de un investigador asignado al caso para recabar las pruebas pertinentes. Asimismo, el GAMEA ha solicitado la emisión de requerimientos oficiales ante diversas instituciones, incluyendo el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), el Servicio de Registro Cívico y Electrónico (SEGIP), la Policía Boliviana y el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP). El objetivo de estas solicitudes es obtener los antecedentes completos de todos los involucrados y avanzar hacia el esclarecimiento definitivo de los hechos denunciados.
