El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que instruye formalmente al secretario del Interior a evaluar la posibilidad de eliminar las protecciones otorgadas bajo la Ley de Especies en Peligro tanto para el lobo gris como para el lobo gris mexicano. Esta medida, detallada en un comunicado difundido este jueves por diversas organizaciones ambientalistas, no se limita únicamente a la revisión de las protecciones actuales, sino que también insta a proponer iniciativas legislativas que persigan el mismo objetivo de desprotección.
La orden ejecutiva contiene directrices adicionales que exhortan a las agencias federales a intervenir en las legislaciones estatales relacionadas con la protección de especies. Asimismo, el documento busca debilitar los estándares de evidencia requeridos para documentar la depredación de ganado, lo que facilitaría los procesos administrativos y legales contra la especie.
Desde la perspectiva de diversas organizaciones de conservación, esta acción gubernamental no responde a la necesidad de resolver un conflicto real entre los lobos y los ganaderos, sino que se percibe como una estrategia para desviar la atención pública de otros problemas que enfrenta la administración actual. Los defensores del medio ambiente argumentan que el conflicto con la ganadería ya cuenta con mecanismos de resolución efectivos y activos.
Actualmente, los ganaderos reciben una compensación del 100% por las pérdidas de ganado que sean atribuidas a la actividad de los lobos, gracias a programas implementados tanto a nivel estatal como federal. Adicionalmente, los departamentos estatales de vida silvestre financian diversas iniciativas de mitigación de conflictos. Entre estas medidas destacan el retiro de cadáveres de ganado y el acompañamiento de rebaños, conocido como "range riding", tácticas diseñadas específicamente para evitar que los lobos se habitúen a utilizar el ganado como presa.
Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center, señaló que el problema no radica en los lobos mexicanos, sino en el enfoque de la administración para gestionar el supuesto conflicto. Según Downey, si el objetivo real del gobierno fuera apoyar a los ganaderos, la prioridad debería ser incrementar el financiamiento destinado a iniciativas no letales que permitan generar soluciones duraderas.
La situación del lobo mexicano es particularmente delicada. Tras su reintroducción en Arizona y Nuevo México en 1998, la población ha sufrido las consecuencias de un manejo deficiente, lo que ha derivado en una pérdida crítica de diversidad genética. Esta situación se ha manifestado en la aparición de defectos congénitos y una disminución en la tasa de crías nacidas y sobrevivientes. El comunicado recuerda que la subespecie fue rescatada de la extinción gracias a solo siete ejemplares reproducidos exitosamente en cautiverio hace décadas, y que gran parte de la carga genética de esos siete individuos ya se ha perdido.
Michelle Lute, doctora en conservación de lobos y directora ejecutiva de Wildlife for All, advirtió que la orden ejecutiva coloca el futuro de las protecciones del lobo mexicano directamente sobre la mesa de decisiones federales e incita a los estados a eliminar sus propias protecciones. Lute hizo un llamado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para que cualquier decisión final se fundamente en la mejor evidencia científica disponible y no en presiones políticas.
En sintonía con esta postura, Leia Barnett, encargada de conservación en Nuevo México para WildEarth Guardians, describió la medida como un intento de evadir el marco legal establecido por el Congreso, el cual fue diseñado precisamente para mantener las decisiones sobre la recuperación de especies aisladas de la influencia política. Por su parte, Sandy Bahr, directora del capítulo Grand Canyon del Sierra Club, calificó la orden como un "truco político" que afecta negativamente a los lobos y a las demás especies que dependen de la salud de los ecosistemas que estos ayudan a mantener.
Claire Musser, directora ejecutiva del Grand Canyon Wolf Recovery Project, enfatizó que el crecimiento poblacional no es sinónimo de recuperación total. Aunque actualmente existen 317 lobos en estado silvestre, la especie sigue enfrentando retos genéticos severos. Ante este escenario, Michael Robinson, representante del Center for Biological Diversity, aseguró que su organización está preparada para iniciar litigios legales si se reduce el estatus de protección del lobo mexicano, calificando cualquier repunte en las muertes de la especie como un acto cruel, imprudente e ilegal.
Finalmente, el comunicado respalda su postura con datos económicos. Una investigación de la emisora KUNM indica que los datos federales no demuestran que los lobos mexicanos representen una amenaza económica generalizada. En el condado de Catron, Nuevo México, donde se registró el punto más alto de conflicto en 2019, hubo 121 muertes de ganado probables o confirmadas, lo que representa solo el 0.65% de la población bovina estimada, cifra muy inferior al 6% de mortalidad promedio de becerros por otras causas. Además, un estudio de 2025 de la Universidad de Arizona concluyó que el efecto de los lobos sobre las ventas e inventarios de ganado a nivel de condado fue "no detectable".
