La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una serie de operativos judiciales que culminaron con el secuestro de una suma total de 367.110 dólares estadounidenses. Estos procedimientos se desarrollaron en el marco de una compleja investigación judicial que busca esclarecer una presunta maniobra de corrupción vinculada a Talleres Navales Dársena Norte, más conocida como Tandanor, la empresa estatal dedicada a las tareas de construcción y reparación naval.
El despliegue policial consistió en la ejecución de cinco allanamientos simultáneos. Según la información suministrada y difundida por el medio local 0223, cuatro de estos procedimientos tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el quinto se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Durante estas intervenciones, las fuerzas de seguridad lograron incautar el mencionado monto en moneda extranjera, además de una cantidad considerable de material probatorio.
El origen de esta causa judicial se remonta a una auditoría interna realizada dentro de la propia empresa estatal. Dicha revisión técnica y contable se llevó a cabo tras un cambio en las autoridades que dirigen Tandanor, proceso en el cual se detectaron una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras. Una vez evidenciados estos hallazgos, el caso fue derivado al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal, organismo encargado de profundizar en el análisis de los hechos.
Uno de los puntos más críticos de la investigación, según lo publicado por el medio 0223, se centra en una presunta tentativa de cohecho. De acuerdo con los elementos recabados, uno de los investigados habría sido contactado por un alto directivo de la empresa Tandanor. El objetivo de dicho contacto era acordar el pago de una suma de 200.000 dólares a cambio de que la firma estatal condonara una deuda que una empresa privada mantenía con la entidad.
En el plano judicial, la causa se tramita actualmente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. El magistrado a cargo es el juez Sebastián Casanello, quien en el mes de mayo delegó las tareas específicas de investigación en el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción. Esta delegación permitió que especialistas en delitos financieros y corrupción coordinaran las acciones operativas.
Para llegar a la identificación de los objetivos de los allanamientos, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de información financiera y el examen de diversos dispositivos informáticos. Mediante el entrecruzamiento de datos, el equipo investigativo pudo localizar cinco domicilios que presuntamente estaban relacionados con la maniobra corrupta, lo que permitió solicitar las órdenes judiciales para los ingresos.
Además del secuestro de los 367.110 dólares, la Policía Federal incautó una serie de elementos fundamentales para el avance de la causa. Entre los objetos secuestrados se encuentran extractos bancarios, registros contractuales, diversos elementos informáticos y teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para extraer información relevante sobre las comunicaciones y los movimientos económicos de los implicados.
Como resultado directo de estas acciones, al menos dos personas han quedado imputadas en la causa, quedando sujetas a las resoluciones del juzgado federal. La investigación continúa abierta para determinar si existen más involucrados o si hubo otras maniobras similares dentro de la estructura de la empresa naval.
Para contextualizar la importancia de la entidad involucrada, cabe recordar que Tandanor es un astillero estratégico para el país. La empresa fue reestatizada en el año 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Previamente, el astillero había sido privatizado en 1991 durante la gestión de Carlos Menem y, posteriormente, pasó a manos de los propios trabajadores luego de que el accionista mayoritario quebrara.
Tandanor ha tenido un rol clave en el mantenimiento de la flota naval argentina, siendo el lugar donde se realizaron las tareas de reparación del submarino ARA San Juan y del rompehielos Almirante Irizar, lo que subraya la relevancia institucional de la firma estatal actualmente bajo la lupa de la justicia federal.
