La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) ha presentado una solicitud formal ante el Congreso de la República con el objetivo de que se derogue o modifique el conjunto de beneficios tributarios establecidos en la Ley Nº 32434. Esta petición se centra específicamente en los incentivos dirigidos a las grandes empresas agrarias y agroindustriales, argumentando que dichas medidas no responden a las necesidades reales del sector productivo más vulnerable.
A través de una misiva enviada a senadores y diputados, Anaximandro Rojas, titular de Conveagro, remitió un pronunciamiento en el que cuestiona el impacto fiscal de la mencionada norma. El gremio sostiene que el debate legislativo debe girar el eje de prioridad hacia la agricultura familiar, en lugar de mantener privilegios para corporaciones que ya cuentan con una posición consolidada en los mercados y una capacidad económica robusta.
Para sustentar su postura, Conveagro se apoya en las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el gremio, el organismo internacional respalda una revisión exhaustiva de la tasa reducida del Impuesto a la Renta y de otros incentivos fiscales contemplados en la Ley Nº 32434.
En cuanto a los detalles técnicos de la norma, la Ley Nº 32434 establece que, a partir del 1 de enero de 2026, las empresas agrarias podrán beneficiarse de una tasa del 15% del Impuesto a la Renta hasta el año 2035. Una vez finalizado este periodo, a partir de 2036, estas compañías deberán pasar a tributar bajo la tasa general, que se sitúa en el 29,5%. Conveagro rechaza que las grandes firmas gocen de esta tasa reducida y reclama que se les aplique el régimen general desde ahora.
Además de la tasa impositiva, la ley contempla un régimen de depreciación acelerada del 20% anual para aquellas inversiones realizadas en obras de riego e infraestructura hidráulica entre los años 2026 y 2035. Asimismo, la normativa permite una deducción adicional del 25% por las compras efectuadas a pequeños productores que se encuentren debidamente inscritos en el padrón correspondiente, aunque dicha medida está sujeta a límites legislativos.
Respecto a esta deducción por compras a pequeños productores, Conveagro ha manifestado sus dudas sobre la efectividad de la medida. El gremio afirma que este beneficio no garantiza un impacto directo y positivo para la agricultura familiar, sino que, en la práctica, favorece a las empresas intermediarias. La organización subraya que la ley no establece obligaciones claras para asegurar precios que mejoren los ingresos reales de los productores primarios.
El análisis de Conveagro sobre las recomendaciones de la OCDE es detallado. El documento señala que el organismo internacional sugiere un enfoque diferenciado: mientras que la depreciación acelerada para infraestructura de riego y la deducción por compras a pequeños productores podrían mantenerse, existen otros puntos que requieren cambios urgentes. Específicamente, la OCDE habría recomendado eliminar la tasa reducida para las grandes empresas agrarias y revisar el sistema de devolución de aranceles, conocido técnicamente como drawback.
En relación con los pequeños productores, la ley actual dispone que aquellos con ingresos netos anuales de hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) queden totalmente inafectos al Impuesto a la Renta. Para los productores que perciban ingresos superiores a 30 UIT y hasta 150 UIT, se establece una tasa del 1,5% sobre el monto excedente. Sobre estos puntos y el crédito fiscal por reinversión, el gremio indica que la OCDE ha planteado la necesidad de realizar una evaluación de impacto.
Finalmente, Conveagro vincula esta demanda con la situación fiscal general del país. El gremio advierte que la recaudación tributaria en Perú representa el 17% del producto bruto interno (PBI), cifra que se encuentra por debajo del promedio registrado en América Latina y en los países miembros de la OCDE. Según el documento, el país renuncia a ingresos equivalentes al 2,2% del PBI debido a los gastos tributarios.
El gremio también resalta que, hasta octubre de 2025, se han aprobado 38 leyes que establecen o amplían beneficios tributarios, lo que representaría un impacto del 1,8% del PBI. Conveagro argumenta que estos gastos tributarios reducen significativamente los recursos disponibles para el Estado, limitando la capacidad de financiar infraestructura, programas sociales y servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
