El gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos han avanzado en una asociación energética destinada al desarrollo de 17 campos petroleros, los cuales poseen un potencial probado de 65.000 millones de barriles, cifra que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas totales del país. Según los cálculos de ambas administraciones, este acuerdo implicará inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares y generará cerca de 200.000 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos durante los próximos 25 años.
La operatividad de este acuerdo recae en la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), una firma de capital privado estadounidense que se posiciona como el segundo mayor productor de petróleo en su país. La estructura jurídica utilizada para esta asociación son los Contratos de Participación Productiva (CPP), incorporados recientemente mediante una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Estos contratos permiten la entrada de capital privado preservando la propiedad estatal de los yacimientos y manteniendo el control de la asociación en manos de Pdvsa.
El acuerdo establece que Nabep operará los campos por un término de 50 años, con posibilidad de una única renovación por un periodo igual. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, ha adquirido el 35% del capital de Nabep. Esta participación otorga a Washington el derecho garantizado de comprar el 20% de la producción de la empresa a costo, además de la primera opción sobre el 80% restante, con el objetivo fundamental de fortalecer su reserva estratégica de crudo.
En términos de gobernanza corporativa, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tendrá poder de veto sobre la designación de la junta directiva de Nabep, la cual estará compuesta mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses. Asimismo, los acuerdos de gobierno corporativo se regirán bajo la ley de los Estados Unidos y estarán sujetos a la jurisdicción de sus tribunales. Cabe destacar que la mayoría de los campos asignados a Nabep se encontraban previamente bajo control de intereses rusos y chinos.
Desde una perspectiva política, el acuerdo ha sido aprobado por mayoría por la Asamblea Nacional electa en 2026, siguiendo el procedimiento para Contratos de Interés Público Nacional establecido en el artículo 150 de la Constitución. El reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como jefa de Estado y Gobierno por parte de la administración de Donald Trump, sumado a la validación de la encargaduría de gobierno por parte de la Sala Constitucional del TSJ el 4 de enero de 2026, ha servido de base para estas negociaciones.
No obstante, el proceso no está exento de cuestionamientos. Se ha señalado la opacidad del acuerdo, facilitada por la coexistencia de las sanciones estadounidenses y la Ley Constitucional Antibloqueo, la cual permite al Ejecutivo venezolano inaplicar normas en secreto para sortear las sanciones, blindando así los contratos del escrutinio público. En este contexto, se ha propuesto el levantamiento total de las sanciones a cambio de un horizonte electoral negociado como la solución definitiva a la falta de transparencia.
Este movimiento se enmarca en una tendencia de apertura hacia el capital privado para rescatar una industria debilitada por la desinversión, la corrupción y las sanciones. Esta semana se han cerrado diversas negociaciones energéticas, destacando el anuncio de Chevron sobre nuevas inversiones por 7.000 millones de dólares, además del ingreso de productores independientes y multinacionales como Repsol, Shell, ENI y Maurel & Prom.
El debate sobre este modelo retoma discusiones jurídicas de finales de la década de los 90. En 1995, la denominada «Apertura Petrolera» buscaba asociar capital privado preservando el control estatal sobre el recurso, una tesis que fue defendida ante la Corte Suprema de Justicia en 1998. Aquel modelo fue revertido en 2007 mediante una Ley de Hidrocarburos que forzó la migración a empresas mixtas con control estatal mayoritario, lo que provocó la salida de firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips, resultando en indemnizaciones millonarias contra el Estado venezolano mediante arbitrajes internacionales.
La urgencia de estas nuevas asociaciones se fundamenta en la caída drástica de la producción, que en 1996 rondaba los 3 millones de barriles diarios, y en la realidad de que el petróleo es un recurso no renovable frente a una transición global hacia energías limpias. Los ingresos proyectados de 200.000 millones de dólares serían destinados a la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, hospitalaria y educativa del país, aunque se advierte que para que dicha renta se traduzca en bienestar, se requerirían presupuestos transparentes y una Contraloría General de la República independiente.
