El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, analizó en una entrevista con Montevideo Portal diversos temas críticos de la agenda legislativa actual, centrándose especialmente en el cierre de la comisión investigadora sobre la adquisición de patrulleras oceánicas y el trámite del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El legislador fue enfático al calificar la operación de compra de los buques OPV al astillero español Cardama como una de las más fraudulentas de las últimas décadas en Uruguay.
Caggiani hizo una distinción técnica y penal fundamental al referirse al caso: habló de "fraude" y no de "estafa". Según el senador, mientras que la estafa implica que un tercero burla la buena fe de quien obra correctamente, el fraude sugiere una complicidad interna. En este sentido, afirmó que no se trató únicamente de un privado que engañó al Estado, sino que existieron actores estatales que operaron alineados con los intereses de la empresa española.
El senador cuestionó la lógica de la contratación directa de un astillero que no contaba con antecedentes en la construcción de patrullas oceánicas de tales características, subrayando que se contrataron dos unidades simultáneamente en una operación de 100 millones de dólares. Caggiani señaló que el contrato fue "a medida" y que las garantías exigidas para cubrir irregularidades, valoradas en casi 12 millones de dólares, eran falsas y no fueron debidamente controladas por las autoridades. Calificó el resultado final como "chatarra" y sugirió, irónicamente, que los buques deberían exhibirse como un monumento al fraude frente al directorio del Partido Nacional.
Respecto a las acciones legales, Caggiani defendió la gestión de la ministra Sandra Lazo, quien es blanco de denuncias por parte de la oposición. El senador sostuvo que Lazo intentó cumplir el contrato firmado y luego ejecutó las acciones legales para defender los intereses estatales. Al mismo tiempo, expresó su preocupación por la lentitud de la investigación civil y penal, así como por el cambio de fiscal en el caso, advirtiendo que sustituir al investigador en medio del proceso no es una señal positiva.
En relación al proyecto de Rendición de Cuentas, Caggiani destacó las mejoras incluidas, tales como transferencias superiores a los 70 millones de dólares, nuevas vacantes policiales, recursos para educación en la Universidad de la República y ANEP, y fondos para personas en situación de calle. Sin embargo, criticó duramente a sectores de la coalición opositora que anunciaron su rechazo al proyecto antes siquiera de leerlo, calificando esa actitud como "infantil" y una pérdida de oportunidad para incidir en la letra chica de la ley. En contraste, elogió la postura de Cabildo Abierto, a la que definió como una acción de "responsabilidad republicana".
El senador también dedicó una parte importante de su análisis a la figura de Luis Lacalle Pou y la dinámica interna del Partido Nacional. Caggiani denunció la existencia de un "doble discurso" o una estrategia coordinada, donde el líder se muestra moderado y dialogante en público, mientras avala en silencio la confrontación y los agravios institucionales de su bancada. Utilizó la analogía de que Lacalle Pou razona en "FM" mientras su bancada lo hace en "AM", sugiriendo que el presidente permite que ciertos sectores actúen como "perros de presa" para generar ruido mediático.
Sobre el futuro político, Caggiani opinó que una vuelta de Lacalle Pou al ruedo podría servir como "brújula" para un Partido Nacional que considera "desnorteado", aunque reconoció que el estilo actual del expresidente ha sido el resguardo.
Finalmente, el legislador abordó la situación económica y social. Si bien reconoció una mejora en los indicadores de empleo —con la creación de 46.000 puestos de trabajo en el primer año y medio de gobierno— y el crecimiento del salario real, admitió que esto aún no es suficiente. Sobre las encuestas que muestran un leve repunte de Orsi en un 26%, Caggiani afirmó que el gobierno no se desvela por esos números, sino por la calidad de vida de la gente. Alertó especialmente sobre la seguridad en Montevideo y Canelones, donde los homicidios vinculados a la criminalidad afectan la tranquilidad de los barrios, concluyendo que el rumbo debe centrarse en la redistribución económica y la adaptación tecnológica de Uruguay.
