El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado una orden administrativa para asumir el control del puerto de Ceuta, con el objetivo de autorizar la instalación de carpas destinadas al acogimiento temporal de más de 1.000 migrantes. La medida afecta específicamente a la zona del muelle de Poniente, donde se habilitará una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.
Esta decisión gubernamental se produce tras un conflicto de competencias con la administración local. El pasado viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, organismo controlado por la ciudad autónoma, votó en contra de la solicitud presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones. La negativa local se basó en que la instalación de dichas carpas resultaría incompatible con la normal explotación del puerto. No obstante, el Ministerio de Transportes ha recurrido al artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para imponer la medida, justificándola bajo razones de "interés general" y la "excepcionalidad de la situación en Ceuta".
La infraestructura proyectada no se limita únicamente a refugios. Según detalla la orden, la ocupación provisional incluirá zonas de descanso, una enfermería, un dispensario, áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal encargado del servicio y una caseta de seguridad. El informe emitido por Puertos del Estado admitió que la ocupación podría incrementar ciertos riesgos asociados a la protección de instalaciones sensibles e infraestructuras críticas, pero concluyó que la urgencia humanitaria justificaba el otorgamiento de la autorización, siempre que se adopten las medidas necesarias para no comprometer la seguridad portuaria.
La medida ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la ciudad. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha emitido un comunicado solicitando al Gobierno que respete la decisión original de la Autoridad Portuaria. La organización empresarial sostiene que el puerto es una infraestructura estratégica e imprescindible para el futuro económico de la ciudad y que la crisis migratoria debe resolverse mediante alternativas que no afecten a este espacio.
De igual modo, los vecinos de las barriadas de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto han manifestado su "indignación y profunda preocupación". A través de un comunicado conjunto, han exigido la paralización inmediata de las obras, cuestionando cómo es posible que los trabajos continúen cuando el órgano competente sobre el espacio —la Autoridad Portuaria— votó en contra de la solicitud con 11 votos negativos frente a cuatro a favor.
En el ámbito sanitario, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activo un dispositivo especial para atender a la población migrante. En las últimas 24 horas, se han registrado 293 asistencias, de las cuales 102 fueron en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta y 191 en Atención Primaria. Actualmente, hay 14 pacientes migrantes hospitalizados en diversas áreas, incluyendo Obstetricia, Neonatología y el Área Quirúrgica. Ingesa mantiene activado el Nivel 1 de su Plan de Catástrofes Externas, lo que indica que el centro sanitario puede responder con sus recursos actuales sin necesidad de aumentar la plantilla.
Paralelamente, el Gobierno ha completado el traslado de aproximadamente 300 mujeres y niñas migrantes a una nave cerrada en el polígono industrial del Tarajal. Este traslado, realizado bajo custodia de la Policía Nacional, busca garantizar la seguridad de estas personas y evitar agresiones sexuales, tras haber permanecido anteriormente en un polideportivo y en La Hípica.
La estrategia global del Gobierno de Pedro Sánchez contempla el incremento progresivo de los emplazamientos hasta alcanzar las 6.000 plazas de atención humanitaria temporal. Entre los puntos habilitados se encuentran Loma Colmenar, La Hípica y el polígono del Tarajal. Actualmente, se trabaja en el acondicionamiento de una explanada en la barriada de Los Rosales, junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África.
Esta última ubicación ha provocado tensiones sociales, requiriendo la presencia de la Policía Nacional para proteger a los operarios debido a las protestas de padres y trabajadores. Sindicatos como CCOO han pedido alternativas que no afecten la tranquilidad de las familias, mientras que la CSIF ha exigido una evaluación de riesgos y garantías de seguridad antes de la apertura de la escuela infantil, prevista para el 28 de septiembre. Finalmente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que la habilitación de estos espacios es fundamental para proceder a la identificación de los migrantes y gestionar su retorno a Marruecos en la mayoría de los casos.
