En una resolución que ha generado una profunda indignación y el rechazo inmediato de la familia afectada, la Justicia de Tucumán decidió absolver a los tres médicos que fueron llevados a juicio por la muerte de Matías Juárez. El niño, que tenía apenas 8 años al momento del trágico suceso, falleció hace casi una década luego de someterse a una operación programada de amígdalas en una clínica privada de la provincia.
Tras conocerse la sentencia, María Luna, madre de Matías, expresó su total desencanto con el sistema judicial tucumano. Con palabras cargadas de dolor y frustración, la mujer cuestionó la decisión del tribunal y lanzó una dura crítica hacia el funcionamiento de la justicia local: “Matar en Tucumán es gratis. Yo no buscaba venganza. No hay justicia en Tucumán. Esto le puede pasar a cualquiera”, sostuvo Luna al finalizar la audiencia.
La madre de la víctima admitió que, aunque había ingresado a los tribunales con ciertas dudas sobre el desenlace del proceso, no esperaba que el fallo resultara en una absolución total para todos los imputados. Según detalló, su esperanza residía en que, al menos, uno de los acusados fuera condenado, señalando específicamente a quien consideró el principal responsable. “Pensaba que al menos lo ibanían a condenar a Paz, que es el principal culpable de la muerte de mi hijo”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos señalados por María Luna fue la actuación del Ministerio Público Fiscal. La mujer manifestó sentirse desamparada por el organismo encargado de representar los intereses de la sociedad y de las víctimas. Luna puso el foco en la designación de la fiscal Marta Jerez, cuestionando la imparcialidad del proceso debido a los vínculos familiares de la funcionaria. “Cuando la designaron a la fiscal Marta Jerez, yo ya tenía como un poco de duda, porque ella es la mamá de Mariana Rivadaneira, que fue una fiscal que no investigó en el 2019, la ha tenido paralizada la causa, y en el 2020 había pedido la absolución de todos, de los tres médicos”, explicó.
Ante esta situación, la madre interpeló directamente al organismo judicial: “Ahora yo le pregunto al Ministerio Público Fiscal, si la Fiscalía no investiga, si la Fiscalía no acompaña la querella, ¿quién garantiza los derechos de la víctima? A mí el Ministerio Público Fiscal me dejó sola”.
Para comprender la magnitud de la tragedia, es necesario remontarse a octubre de 2016. En aquel entonces, Matías ingresó a la clínica privada para una intervención que fue presentada como de rutina. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas por la familia, el niño no presentaba señales de gravedad previa y contaba con estudios prequirúrgicos que no advertían complicaciones extraordinarias. Sin embargo, el desenlace fue devastador.
Al salir del quirófano, Matías comenzó a manifestar dificultades graves, llegando a decirle a su madre que no podía abrir los ojos. Poco después, fue trasladado de urgencia al área de terapia intensiva, mientras su familia intentaba comprender qué había ocurrido durante una cirugía que se suponía era sencilla. Con el paso de las horas, el estado del niño se volvió crítico. La familia solicitó diversos estudios, incluyendo una tomografía, pero la realización de dicha práctica sufrió demoras.
Finalmente, el examen se llevó a cabo la mañana siguiente, revelando un infarto en gran parte del cerebro. A raíz de este diagnóstico, Matías fue inducido a un coma farmacológico y falleció cuatro días después, sin haber recuperado la capacidad de hablar.
El caso alcanzó notoriedad pública en 2017, cuando la familia denunció una presunta mala praxis y exigió que se determinaran las responsabilidades médicas. En aquel momento, una primera junta médica concluyó que los procedimientos se habían ejecutado correctamente y atribuyó el cuadro clínico a una supuesta condición de obesidad del niño. Esta conclusión fue rechazada tajantemente por la familia y la querella, quienes cuestionaron la validez de la pericia al considerar que el informe no respondía a las preguntas centrales sobre lo sucedido dentro y fuera del quirófano.
A pesar de los años de lucha, las demoras procesales y las nuevas evaluaciones, el fallo final ha sido la absolución. María Luna lamentó que no se hayan valorado pruebas fundamentales, como las contenidas en una de las juntas médicas realizada en Córdoba, donde, según ella, existen elementos suficientes para condenar al médico Paz. “Tenía la esperanza y quería creer en la justicia... y bueno, reinó la impunidad como es en Tucumán”, sentenció.
Finalmente, la madre de Matías confirmó que no dará el caso por cerrado y que apelará la decisión judicial. Su motivación, más allá del dolor personal, es evitar que otras familias pasen por la misma tragedia. “Ellos dicen que las pasaron 10 años mal, 10 años de escrache. Para evitar que pase otro Matías, voy a apelar”, concluyó.
