A partir del 3 de enero de 2026, Venezuela ha entrado en una nueva etapa política, social y económica marcada por una intervención directa de Estados Unidos. Una serie de acontecimientos han alterado drásticamente el panorama del país, iniciando con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, acción coordinada por el gobierno estadounidense con la colaboración de sectores del anillo palaciego que traicionaron al mandatario y al proyecto chavista. A este evento le siguió la ocurrencia de un terremoto, con altas probabilidades de haber sido producido artificialmente, y una posterior invasión militar norteamericana.
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha proclamado abiertamente que el petróleo de Venezuela pertenece a su nación, manifestando el interés de que el país caribeño se convierta en un estado norteamericano. Actualmente, Estados Unidos ha asumido el control militar y económico de Venezuela, contando con el apoyo de traidores internos. Como parte de este control, se ha depositado la suma de 13 mil millones de dólares, provenientes de la venta de petróleo venezolano, en cuentas del Tesoro norteamericano para su administración. Además, el gobierno de Trump se ha apropiado, por un periodo de cien años, de 17 campos petroleros, asegurando para las empresas estadounidenses 65 mil millones de barriles de crudo, lo que representa el 21,5% de las reservas totales de Venezuela.
Respecto a la compensación económica, Trump ha señalado que Venezuela recibirá 200 mil millones de dólares durante los primeros 25 años, lo que equivale a unos 8 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, analistas sugieren que mientras Venezuela recibe esa cifra, las corporaciones estadounidenses podrían percibir hasta 200 billones de dólares. Esta situación ha llevado a concluir que el Pentágono, Wall Street, la CIA, el sionismo y las grandes corporaciones mineras y petroleras mantienen hoy el control total sobre la nación bolivariana.
Este escenario es el resultado de un proceso donde la oposición venezolana ha sido señalada como cómplice. Se han difundido videos en los que María Corina Machado pide explícitamente la intervención de Israel y Estados Unidos, llegando a declarar que desea a Venezuela "sin gasolina, sin luz, sin agua". Otros líderes opositores, entre ellos Juan Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski y Juan Pablo Guanipa, habrían solicitado las sanciones que devastaron la economía nacional e implorado la intervención extranjera para derrocar a Maduro.
La fuente señala que estos personajes habrían apoyado el pillaje de activos estratégicos como Citgo, valorado entre 350 y 600 mil millones de dólares, y Monómeros Colombo-venezolano, con un valor estimado entre 350 y 600 millones de dólares. Asimismo, existen evidencias de respaldo al congelamiento de reservas internacionales: aproximadamente 10 mil millones de dólares y 31 toneladas métricas de oro valoradas en más de 5 mil millones de dólares. Se les acusa además de avalar sabotajes contra PDVSA y el sistema eléctrico, y de protagonizar las "guarimbas", donde se reporta que vándalos incendiaron propiedades y quemaron vivas a 36 personas consideradas chavistas, mientras la prensa internacional los defendía como presos políticos.
Para comprender la situación actual, es necesario remitirse a la gestión de Hugo Chávez, quien llegó al poder el 2 de febrero de 1999. Chávez nacionalizó la renta petrolera y redujo la pobreza extrema del 43% al 7%, logrando un crecimiento económico del 37% en tres años mediante la creación del ALBA, el Banco del Sur y Petrosur. Washington respondió a estas medidas con un castigo sistemático que incluyó el Golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003.
Según el análisis geopolítico de Moisés Rosario Hernández, Chávez no fue castigado por autoritarismo, sino por desafiar el dólar, nacionalizar el petróleo y buscar un mundo sin la tutela del FMI y el Banco Mundial. Esta lucha antiimperialista culminó con su muerte y el posterior asedio económico sistemático. Aunque la prensa occidental ha calificado la situación actual como el "fracaso del socialismo", se omite que el país ha estado bajo un bloqueo brutal. Finalmente, se denuncia que Estados Unidos utilizó la retórica de los "derechos humanos" y la "libertad" como una máscara para asfixiar económicamente al país y ejecutar, finalmente, el mayor acuerdo petrolero de la historia.
