El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado la investigación sobre el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien durante una década estuvo vinculado a un sofisticado esquema de lavado de dinero multimillonario. Según fiscales estadounidenses, este esquema implicaba la malversación de fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
De acuerdo con fuentes conocedoras del asunto, el cierre de la investigación por parte de los fiscales federales de Miami se produjo bajo órdenes de la oficina del entonces vicesecretario de Justicia, Todd Blanche. Esta medida se habría implementado como parte de una estrategia de funcionarios de la Casa Blanca de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio para reclutar a Betancourt. El objetivo sería articular un nuevo y extenso acuerdo petrolero con el Gobierno de Venezuela.
La oportunidad para Betancourt surgió tras un giro político drástico en enero, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses retiraron al presidente Nicolás Maduro de su residencia en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Pocas horas después, funcionarios del Gobierno de EE. UU. contactaron a Betancourt para solicitar su ayuda en la apertura de conversaciones con los funcionarios del Gobierno de Maduro que permanecían en el poder, liderados por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Como resultado de estas gestiones, el presidente Donald Trump anunció recientemente una iniciativa en la que la empresa de Betancourt actuaría como socia del Pentágono. El proyecto busca asegurar el control estadounidense sobre 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela.
Sin embargo, el historial de Betancourt es complejo. El año pasado fue detenido en Londres debido a una orden suiza y, hasta enero, figuraba en una lista del Gobierno de Suiza que congelaba los activos de 37 personas, incluyendo a Maduro y sus allegados. Las autoridades suizas buscaban evitar que activos adquiridos ilícitamente fueran transferidos fuera del país tras la detención del mandatario venezolano.
Ante estas revelaciones, un portavoz del Departamento de Justicia negó que Todd Blanche hubiera intervenido personalmente en el caso, calificando las afirmaciones como una "invención total" y asegurando que Blanche nunca ordenó el cierre de ninguna investigación ni habló sobre este caso con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Durante años, Betancourt desarrolló un lucrativo negocio petrolero mediante contratos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que generó acusaciones de formar parte de la red de los denominados “boliburgueses” o “bolichicos”. Estados Unidos alega que este grupo ayudó al régimen a robar millones de dólares de la riqueza petrolera para blanquearlos a través de cuentas en Malta y Suiza, así como transacciones inmobiliarias en Miami.
Aunque Betancourt nunca fue acusado formalmente de un delito, apareció como coconspirador no identificado en operaciones que fundamentaron los cargos contra uno de sus primos y socio comercial. En total, diez personas fueron imputadas en esta investigación prolongada.
Jon Sale, abogado de Betancourt, ha defendido a su cliente afirmando que no infringió ninguna ley estadounidense, razón por la cual nunca fue imputado. Según Sale, Betancourt participó en operaciones con sus primos pero desconocía que los fondos provenían de sobornos o que tenían relación con PDVSA.
Por su parte, Marco Rubio ha defendido la colaboración con el empresario, asegurando que fue sometido a un proceso de verificación interno. Rubio destacó la trayectoria de Betancourt operando en Venezuela y afirmó que, tras consultar con las autoridades, no existía ninguna investigación activa en el sistema estadounidense contra él.
La intervención de Blanche habría sido clave no solo para cerrar la investigación en EE. UU., sino también para gestionar ante las autoridades suizas el retiro de las órdenes que impedían a Betancourt viajar, dado que su libertad bajo fianza lo restringía al Reino Unido. Paralelamente, el Departamento de Estado le otorgó visas para ingresar a Estados Unidos en diversas ocasiones.
Un funcionario de la Casa Blanca describió el acuerdo como el "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", argumentando que beneficiará a ambos países, estabilizará la economía venezolana y duplicará las reservas de petróleo de Estados Unidos.
Este pacto guarda similitudes con intentos previos. En 2019, Rudy Giuliani, quien fue abogado de Betancourt y posteriormente de Trump, intentó promover un acuerdo similar mientras presionaba para que se retiraran los cargos contra el empresario y solicitaba a Ucrania investigar a Joe Biden. En aquel entonces, el plan contemplaba que Maduro dejara el cargo pacíficamente.
La relación de Betancourt con el poder ha sido ambivalente; mientras colaboró con el régimen, también fue un importante financiador de la labor opositora de Juan Guaidó, punto que Marco Rubio ha resaltado para defender la autenticidad del compromiso del empresario. Actualmente, Betancourt es la pieza central de un acuerdo gestado con la administración de Delcy Rodríguez, un gobierno que integra a muchos de los mismos funcionarios que Estados Unidos había acusado previamente de corrupción.
