El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde este viernes a la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Tras una sesión de trabajo que se prolongó durante más de tres horas, el organismo ha aprobado el nuevo modelo, el cual el Gobierno confía en que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.
La propuesta gubernamental prevé una inyección económica significativa, dotando a las comunidades autónomas de un total de 20.975 millones de euros adicionales. Sin embargo, el camino hacia su implementación no ha estado exento de fuertes tensiones políticas. La medida cuenta con el respaldo explícito de Cataluña y Canarias, pero ha sido rechazada categóricamente por todas las regiones gobernadas por el Partido Popular, así como por las comunidades socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha.
Un punto destacado de la jornada fue la ausencia de la Comunidad de Madrid. La región madrileña había instado el jueves previo a las demás comunidades gobernadas por el PP a no asistir al encuentro, con el objetivo de provocar la suspensión de la reunión por falta de quorum. A pesar de esta estrategia y del rechazo generalizado de las comunidades del PP al nuevo modelo, el quorum se alcanzó y la reunión pudo llevarse a cabo.
Desde el punto de vista técnico y procedimental, el Ministerio de Hacienda posee la mitad de los votos en el CPFF. Por ello, para sacar adelante sus propuestas, solo requiere el apoyo de una comunidad autónoma adicional; en este caso, ha logrado el aval de dos: Cataluña y Canarias. Con este respaldo, el Ejecutivo procederá a aprobar en las próximas semanas el anteproyecto de ley orgánica que recogerá la reforma para remitirlo posteriormente al Congreso de los Diputados. En la cámara baja, el Gobierno necesitará alcanzar una mayoría absoluta para su aprobación definitiva, una meta que el ministro de Hacienda, Arcadi España, confía en lograr al considerar que la medida "es bueno para nuestro país".
A pesar del optimismo del ministro, el panorama legislativo presenta complicaciones. El partido Junts, cuyo apoyo es imprescindible para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, ha manifestado este mismo viernes que presentará una enmienda a la totalidad de la futura ley. La razón de este rechazo radica en que Junts no prevé la existencia de un concierto económico específico para Cataluña dentro de la propuesta.
Más allá del modelo principal, el CPFF ha acordado el desarrollo de un nuevo "instrumento normativo". Este mecanismo, derivado de los incentivos regionales y el fondo de compensación, tendrá como objetivo integrar factores específicos en el cálculo, como la masa forestal de los territorios y el coste asociado a la denominada población flotante vinculada al turismo.
El ministro Arcadi España ha defendido la necesidad de esta reforma, subrayando que se produce 17 años después del modelo anterior, el cual ya lleva 12 años vencido. Según España, el nuevo sistema supone un incremento significativo de los recursos disponibles para que las comunidades autónomas gestionen sus servicios públicos. Asimismo, el ministro ha insistido en que se trata de un modelo común para todas las ciudades y comunidades autónomas que, aunque atiende a las singularidades territoriales, "no es un modelo a la carta" para ninguna región, añadiendo que la adhesión al mismo será voluntaria.
Durante su intervención, el ministro destacó la "máxima transparencia" del modelo y la "voluntad de diálogo" del Gobierno, señalando que incluso se pospuso la reunión del CPFF a petición de las regiones del PP. España afirmó que el Gobierno de España no debe ni puede imponer un modelo, ya que el Congreso tiene la última palabra, lo que deja la puerta abierta a seguir dialogando y ajustando la propuesta.
En un tono más crítico, el ministro señaló que diversos gobiernos autonómicos del PP han renunciado a defender sus propios intereses siguiendo instrucciones políticas de la calle Génova, acusando al principal partido de la oposición de ser incapaz de acordar un modelo común. España reveló, además, que la Comunidad Valenciana ha manifestado por escrito que el nuevo modelo representa un "gran avance". Por otro lado, criticó la propuesta de Andalucía, que sugería que la población ajustada no se desviara más de un 1 % de la población de derecho, advirtiendo que tal medida perjudicaría "gravemente" a Castilla y León.
En cuanto a los detalles financieros, la propuesta de Hacienda prevé que los 20.975 millones adicionales lleguen a las comunidades en 2027. Esto será posible principalmente mediante la cesión de un porcentaje mayor de la recaudación del IVA y el IRPF, que subirían del 50 % actual al 56,5 % y al 55 %, respectivamente. El modelo se basa en un nuevo cálculo de la población ajustada y añade elementos como un nuevo fondo climático y la posibilidad de que las comunidades ingresen el 5 % del IVA generado por las pymes en sus territorios. Finalmente, Hacienda ha asegurado que ninguna comunidad percibirá menos recursos que con el sistema actual, ofreciendo además la opción de recibir los ingresos en tiempo real a cambio de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta.
