El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha formalizado la autorización de una transferencia presupuestaria ascendente a 7 millones 169 mil 994 soles, destinada específicamente a fortalecer la calidad del agua en las zonas más alejadas del país. Esta medida financiera tiene como objetivo principal beneficiar a 944 gobiernos locales, quienes recibirán estos recursos para la adquisición de insumos críticos de cloración, asegurando así el suministro de agua segura para los hogares rurales en diversas regiones.
La base legal de esta disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo Nº 174-2026-EF, el cual fue publicado oficialmente en el diario El Peruano. Mediante este dispositivo legal, se aprobó la transferencia de las partidas correspondientes dentro del presupuesto del sector público para el año fiscal 2026. Es importante precisar que estos fondos provienen del presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidad que actúa como el pliego habilitador de los recursos.
En términos técnicos, la inversión está dirigida a la compra de insumos esenciales para el tratamiento del agua, específicamente hipoclorito de calcio y reactivos DPD. Estos componentes son fundamentales para los procesos de cloración y monitoreo de la calidad del agua, permitiendo que el recurso hídrico que llega a las viviendas rurales cumpla con los estándares de seguridad necesarios para el consumo humano.
El impacto de esta medida es amplio y abarca una extensión geográfica considerable. Los insumos de cloración adquiridos con estos fondos serán destinados a un total de 13,794 Sistemas de Agua Potable (SAP). La distribución de estos recursos llegará a 21 departamentos del territorio nacional, asegurando una cobertura integral que incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Para garantizar la transparencia y el acceso a la información, el MEF y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han puesto a disposición el anexo denominado “Transferencia de partidas a favor de diversos gobiernos locales”. En este documento se detalla pormenorizadamente los montos asignados y los pliegos habilitados para cada jurisdicción. Dichos anexos pueden ser consultados por la ciudadanía y las autoridades competentes a través de las sedes digitales oficiales de ambas instituciones (www.gob.pe/mef y www.gob.pe/vivienda).
En cuanto a la gestión administrativa, el decreto establece plazos estrictos para la operatividad de los fondos. Tanto el titular del pliego habilitador como los titulares de los pliegos habilitados en la transferencia tienen la responsabilidad de aprobar la desagregación de los recursos autorizados. Este proceso debe completarse obligatoriamente dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del dispositivo legal.
Asimismo, el marco normativo es tajante respecto al uso de los fondos. Se ha dejado establecido que los recursos provenientes de esta transferencia de partidas no pueden ser destinados a fines distintos a los cuales fueron transferidos. Cualquier desviación en el uso del dinero será responsabilidad de las autoridades correspondientes, subrayando la importancia de que el presupuesto se ejecute estrictamente en la adquisición de los insumos de cloración mencionados.
Para asegurar que los objetivos se cumplan, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, asumirá el rol de ente supervisor. Esta entidad será la encargada de realizar el monitoreo, seguimiento y la verificación del cumplimiento de las metas y los fines para los cuales se han transferido los recursos.
Finalmente, se ha implementado un mecanismo de rendición de cuentas obligatorio. Los gobiernos locales que figuran en el anexo de beneficiarios deberán informar trimestralmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el estado de la ejecución de los recursos transferidos, cerrando así el ciclo de gestión presupuestaria con un control administrativo riguroso.
