En un escenario de creciente tensión diplomática, Costa Rica ha manifestado su rechazo a las exhortaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos para que los miembros de la Coalición de las Américas contra los Carteles abandonen la Corte Penal Internacional (CPI). La solicitud fue planteada el pasado 12 de agosto en Panamá por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Ante este llamado, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, fue categórico al señalar que se trata de una propuesta que el país no acepta. Tovar calificó al sistema multilateral como un elemento "existencial" para la nación costarricense, subrayando la importancia de mantener la estructura de justicia global a pesar de las presiones externas.
La postura de Costa Rica ocurre en un contexto donde otros Estados ya han tomado medidas drásticas. Venezuela y Chad han iniciado sus procesos de retiro del Estatuto de Roma. Por su parte, Washington ha intensificado sus acciones contra el tribunal, sancionando a nueve de los 18 jueces, incluida la presidenta del tribunal. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que para julio de 2026 se llevará a cabo una campaña destinada a desmantelar la CPI "ladrillo por ladrillo".
A pesar de la profunda dependencia que mantiene Costa Rica respecto a Estados Unidos, el país ha reafirmado su compromiso con el Estatuto de Roma, el cual ratificó en el año 2001. Actualmente, el país cuenta con representación en dicho tribunal a través del juez nacional Sergio Ugalde Godínez.
La coherencia de esta defensa ha sido puesta bajo análisis debido a eventos previos. En noviembre de 2023, cuando Rusia emitió una orden de captura contra el juez Ugalde —tras haber este acatado la orden de arresto contra Vladimir Putin—, la Cancillería costarricense expresó su más enérgico rechazo y brindó un firme apoyo a la Corte y sus funcionarios. En aquel comunicado, el Estado costarricense definió la misión del tribunal como la herramienta para poner fin a la impunidad en casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión y genocidio.
Sin embargo, surge una incongruencia en la aplicación de estos principios. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa. Al ser consultado en julio de este año sobre si estos hechos constituían un genocidio, el canciller Manuel Tovar respondió que el gobierno no lo ve de esa manera, argumentando que se trata de una guerra donde existen víctimas en todos los bandos.
Esta divergencia plantea un cuestionamiento sobre la naturaleza del apoyo de Costa Rica al tribunal. Si el sistema multilateral es "existencial" y su jurisdicción es innegociable incluso frente a la presión de Washington, las resoluciones de la Corte deberían ser parte de lo que el país defiende, independientemente de quién sea el investigando, tal como fue la tesis defendida frente a las acciones de Moscú.
A este debate se suman los hallazgos de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU. El 16 de septiembre de 2025, este organismo determinó que Israel ha cometido genocidio en Gaza, fijando el 26 de enero de 2024 como la fecha en que los Estados partes de la Convención sobre Genocidio quedaron conocedores del riesgo y, por ende, activaron el deber de prevenir. En agosto de 2025, la Comisión recomendó revisar las relaciones con Israel, incluyendo el comercio, la asistencia y las transferencias de armas. Posteriormente, en junio de 2026, se documentó la muerte de al menos 20.179 niños palestinos, constatando la continuidad del genocidio.
Desde el punto de vista legal, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Bosnia contra Serbia de 2007 establece que el deber de prevenir nace en el momento en que el Estado conoce un riesgo serio, y no necesariamente con una sentencia final.
Finalmente, el análisis se extiende a la postura de Costa Rica frente a Ucrania. Aunque el canciller Tovar ha sostenido que la vocación de paz del país no debe confundirse con neutralidad ante la agresión, existen cuestionamientos sobre la legalidad de esta postura, ya que la Ley 9288 impone el deber positivo de neutralidad ante todos los conflictos sin excepción.
Para un país que no posee ejército desde 1948 y cuya defensa reside en su reputación moral y el respeto al derecho internacional, la aplicación selectiva de la justicia podría erosionar su principal activo de protección. Queda entonces pendiente una respuesta pública sobre si el Gobierno de Costa Rica reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional en todos sus extremos o si su permanencia en el tratado depende de la identidad del investigado.
